Amigos:
Les
comunico que en la sesión ordinaria del 20 de marzo, los diputados aprobamos
que en casos de trata de personas, los tres órdenes de gobierno proporcionen a
víctimas, ofendidos y testigos, información sobre sus derechos en el idioma,
dialecto o lengua que comprendan, y de acuerdo a su edad.
El
dictamen, avalado por 332 votos a favor, 98 en contra y tres abstenciones,
reforma el artículo 62 de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar
los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a
las Víctimas de estos Delitos.
Señala
que la información que se proporcione a las víctimas deberá ser conforme a su
edad para garantizar su integridad psicológica y la protección de su identidad
e intimidad.
"Asimismo,
deberán proporcionar a las víctimas en un idioma o lengua, con su respectiva
variante lingüística, que comprendan, y de acuerdo a su edad, información sobre
sus derechos, garantizando su integridad psicológica y la protección a su
identidad e intimidad", establece.
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En
el documento se recuerda además, que la Constitución establece que las víctimas
de trata de personas deberán tener información en su idioma, lengua o dialecto,
pero se aclara que no sólo las víctimas pueden expresarse en un idioma distinto
al español y se extiende este derecho a los ofendidos y testigos.
El
delito de trata de personas es el segundo más redituable para la delincuencia
organizada, desplazando el tráfico de armas y sólo por debajo del tráfico de
drogas.
Según
el Instituto Nacional de Estadística y Geográfica (INEGI), existen 3.6 millones
de personas obligadas a trabajos forzados en condiciones de trata, de las
cuales 31 por ciento son menores de edad de entre 5 y 17 años, y 70 por ciento
son indígenas y migrantes, quienes realizan trabajos que atentan contra su
seguridad y salud.
En
México, el 45 por ciento de las víctimas del delito de trata son niñas
indígenas.
De
acuerdo con el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), México ocupa
el lugar número tres respecto a América Latina y el Caribe en el tema de trata
de personas.
El
dictamen fue enviado a la Cámara de Senadores para su análisis y dictamen.
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