El
16 de abril, los diputados federales aprobamos por unanimidad, con 447 votos a
favor, un dictamen que reforma la Ley de Migración para ampliar y garantizar la
protección de los derechos humanos de migrantes en su tránsito por el país y
turnamos la minuta al Senado.
El
dictamen, que reforma y adiciona los artículos 20, 25, 69 y 107, de la Ley de
Migración, fue presentado por la Comisión de Asuntos Migratorios tras analizar
la iniciativa que presentaron los diputados José Francisco Coronato Rodríguez y
Martha Beatriz Córdova Bernal (Movimiento Ciudadano).
En
la exposición de motivos, los legisladores señalan la necesidad de aumentar la
protección de los migrantes ante la violación cotidiana de sus garantías
durante su presencia en territorio nacional, porque vayan de tránsito o sea su
destino.
En
el capítulo I del artículo 20 del dictamen se establece la necesidad de
instrumentar la política en materia migratoria “garantizando la aplicación de
medidas que no atenten contra los derechos humanos de los migrantes”.
En
el capítulo III se señala la promoción conjunta, con la Procuraduría General de
la República (PGR), de programas, medidas y acciones que garanticen la
seguridad de los migrantes en el tránsito por zonas consideradas de alto
riesgo.
En
el artículo 25 se establece que “los servidores públicos que deban tener
contacto físico con los migrantes, al hacerlo, deberán actuar conforme a un
protocolo establecido en el Reglamento de esta Ley. Dicho protocolo deberá
ceñirse al principio de respeto irrestricto a la dignidad humana”.
En
el capítulo II del artículo 29 se señala el régimen de responsabilidades de los
servidores públicos, “para facilitar la queja o denuncia que corresponda en
contra de los servidores públicos del Instituto”.
El
capítulo V del artículo 107 establece garantizar el respeto de los derechos
humanos del extranjero presentado, “asegurando para el caso, el contacto del
extranjero con el consulado de su país y con la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos”.
La
Comisión de Asuntos Migratorios indica que existe un doble discurso de la
autoridad, porque se firma e invocan instrumentos internacionales para proteger
a migrantes mexicanos en el exterior, mientras en el país se violan
sistemáticamente los derechos de extranjeros que ingresan de manera irregular.
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