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lunes, 30 de septiembre de 2013
Propone Peña un recorte de casi $4 mil millones al gasto cultural para 2014
La Jornada, PP-6
El presidente Enrique Peña
Nieto propuso un recorte de casi 4 mil millones de pesos al gasto de cultura
para 2014, que representa una caída drástica de 23.84 por ciento respecto del
presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados para ese año, y que afectará
principalmente al Instituto Nacional de Bellas Artes, a la producción
cinematográfica, las ciudades patrimonio de la humanidad, así como las
librerías de Educal y al Centro Cultural y Turístico de Tijuana.
Esta disminución refleja
''el poco interés de este gobierno en la cultura'', señaló la secretaria de la
comisión del ramo en San Lázaro, Raquel Jiménez Cerrillo (PAN). ''Es un
retroceso a las décadas de los 70 y 80, donde la premisa del Partido
Revolucionario Institucional (PRI) era: 'Entre menos educado esté el pueblo,
mayor facilidad para controlarlo y manipularlo'. Esa postura ya no es válida
para este siglo'', dijo la legisladora en entrevista.
Durante la comparecencia
del titular de la Secretaría Educación Pública (SEP), Emilio Chuayffet Chemor,
la semana pasada en San Lázaro, la diputada panista reprochó el recorte en el
subsector cultura, a partir del contraste entre el gasto aprobado en el último
año del gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, el primero de Enrique Peña Nieto
y el proyecto para 2014.
En 2012, la Cámara de
Diputados aprobó un presupuesto de 16 mil 663.20 millones de pesos para
cultura; en diciembre pasado se autorizaron 16 mil 533.63 millones, y Peña
Nieto envió una propuesta de 12 mil 592.39 millones de pesos.
''Es una falta de
congruencia. Por un lado, la demagogia, la retórica del secretario (de
Educación) y del Presidente, que apuestan a la cultura para reducir los índices
de seguridad, pero cuando revisamos el proyecto de presupuesto, ese interés no
existe. Quiero pensar que fue un presupuesto construido no sólo por el
secretario de Hacienda y Crédito Público (Luis Videgaray Caso), sino tuvo la
anuencia del titular de Educación y, por supuesto, del Ejecutivo federal'',
señaló.
Jiménez Cerrillo refirió
que es el segundo año consecutivo en que Peña Nieto pide a la Cámara de
Diputados aprobar un recorte a la cultura. En su primer proyecto, citó,
prácticamente se reducía en 25 por ciento, en relación con 2012.
''No obstante, los diputados
logramos impulsar que al menos se mantuviera en términos de lo autorizado para
2012, y otra vez tendremos que dar la misma pelea y corregir la plana al
Ejecutivo'', sostuvo.
Más aún, informó, persiste
un alto subejercicio en los recursos etiquetados para proyectos culturales, que
tenían asignados casi 4 mil millones de pesos.
''A inicios de agosto, el
sub-ejercicio era de prácticamente 90 por ciento. Es altísimo y esto afectó
todos los proyectos que esperaban un trámite administrativo. ¿Y qué hicieron
quienes tenían festivales o programas en mayo? ¿Los cancelaron o los financiaron?
Y si fue esto último, ¿cómo van a comprobar un gasto que les autoricen al final
del año, pero que ejercieron a la mitad del ejercicio?'', preguntó.
Para el próximo año, la
administración de Enrique Peña Nieto plantea la desaparición del rubro ''apoyos
y donativos'', que administra el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes
(Conaculta), el cual dispone de 3 mil 907.86 millones de pesos, así como un
recorte de 50 por ciento a las ciudades nombradas patrimonio de la humanidad,
al pasar de 300 a 150 millones de pesos.
En el presupuesto del
Centro de Capacitación Cinematográfica AC, se solicitó a la cámara reducir su
gasto de 75.67 millones de pesos a 42.98 millones (43.20 por ciento menos); al
de Estudios Churubusco Azteca, de 128.39 millones a 79.26 (38.27 por ciento
menos); al de Educal, de 64.60 a 54.63 millones (una merma de 15.43 por
ciento), y al Centro Cultural y Turístico de Tijuana, de 109.68 a 93.9 millones
de pesos (menos 15.12 por ciento).
También se requirió un
recorte de 49.13 millones de pesos al Canal 22, que para 2013 tiene disponibles
231.46 millones, y de 30.90 millones al Instituto Mexicano de Cinematografía,
que cuenta con 374.58 millones de pesos este año.
Asimismo, una disminución
de 5 millones a la emisora Radio Educación y de 29.29 millones al Instituto
Nacional de Bellas Artes.
Los únicos incrementos que
se proponen son al Instituto Nacional de Antropología e Historia, con 128.91
millones de pesos más, y a la Cineteca Nacional, de menos de uno por ciento.
domingo, 29 de septiembre de 2013
miércoles, 25 de septiembre de 2013
Intervención de la Dip. Raquel Jiménez Cerrillo en la comparecencia del secretario de Educación Pública en el marco de la Glosa del Informe del presidente Peña Nieto
Muchísimas gracias, con el permiso señor Presidente,
Saludo con respeto institucional al licenciado Emilio Chuayffet Chemor,
secretario de Educación Pública,
A los presidentes de las diversas comisiones que hoy intervienen en esta
comparecencia,
Compañeras y compañeros diputados, Invitados especiales,
Compañeras y compañeros diputados, Invitados especiales,
Medios de comunicación, muy buenas tardes:
Me saldré un poco del script que traía preparado porque muchas cosas ya se han dicho, sin embargo, se habló de la preocupación del tiempo tan reducido para nuestras intervenciones, con lo cual estoy totalmente de acuerdo, pero más me preocupa el poco tiempo que se ha destinado dentro de esta comparecencia al tema de la cultura, si bien es usted cabeza de sector en educación, el tema de cultura es parte de este sector.
Y, bueno, México, la cultura de México debe ser una de las prioridades para impulsar el desarrollo de toda nación. La cultura mexicana es fuente de identidad, de cohesión social, de expresión y diálogo y su potencial es un recurso para el desarrollo en todos los ámbitos.
En nuestro país se convirtió en una prioridad la cultura en los 12 años que encabezó el Gobierno Federal el Partido Acción Nacional, si bien quedaron algunas asignaturas pendientes debo mencionar que tan solo en los últimos 6 años que gobernó Acción Nacional el incremento en el tema de cultura en el Presupuesto de Egresos de la federación se duplicó en los últimos seis años; hoy, por el contrario, vemos cómo el Gobierno que encabeza el Partido Revolucionario Institucional parece que es carente de una política pública en materia de cultura y que este tema no adquiere ninguna importancia.
Permítanme retractarme, creo que sí hay política pública en materia de cultura, pero es la política pública del retroceso pues hoy parece que nos quieren llevar a la década de los 70 y de los 80 en donde la premisa era: “Entre menos educado esté el pueblo, más fácil será controlarlo y manipularlo”, no queremos esta política pública en este siglo XXI.
Una vez más se manifiesta el poco interés del Ejecutivo Federal en establecer una política pública carente de refuerzos y de fortalecimiento al tema cultural, por eso señor Secretario nos preocupa el trato que se pretende dar al sector cultural respecto al recurso que se prevé en el Presupuesto de Egresos de la Federación y me permito repetir este tema porque si bien la diputada Huidobro hizo una pregunta concreta en este tema del Presupuesto para el 2014 no fue mejor contestada y quisiera volverla a plantear.
Una vez más vemos con base en esto cómo piensa la Secretaría a su cargo si toda la cultura entre los servicios básicos brindados a la población como forma de favorecer la cohesión social, como se señala en el Primer Informe de Gobierno, si vemos que se está proponiendo una baja sustancial de casi 3 mil millones de pesos en los recursos de la federación para Conaculta y el sector cultural.
Por otro lado, ¿qué opina, señor Secretario de Educación, de quien depende también el Indautor, el planteamiento del Ejecutivo en materia fiscal de gravar a este sector cultural? Concretamente en la fracción VIII del artículo 96 en donde establece que los ingresos obtenidos por la explotación de obras, fotografías, dibujos, periódicos, revistas y páginas electrónicas o vía internet y la reproducción de grabaciones, obras musicales, etcétera, etcétera, serán gravados con un impuesto, esto, lejos de incentivar a los creadores, en este país, les está aniquilando con fuertes tasas impositivas y no para ahí, se está estableciendo el incremento –termino señor Presidente—con el 32 por ciento al IVA y el 8 por ciento en los estados y municipios en materia de espectáculos.
¿Cómo abonará señor Secretario, para hacer realidad el derecho del acceso a la cultura, establecido en el artículo 4 de nuestra Constitución, con estas cargas impositivas? Que si bien es cierto, es materia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quiero pensar que en un Gobierno moderno, como debe ser en el siglo XXI los presupuestos se realizan de manera transversal y su opinión debe haber pesado en este Presupuesto. Es cuanto señor Presidente.
Respuesta del secretario de Educación Pública, Emilio Chuayffet Chemor
Diputada, yo no quiero entrar en un debate sobre los gobiernos emanados de distintos partidos políticos en relación a la cultura.
Antes del 2000 la hazaña cultural de México, se hizo construyendo museos, fideicomisos, trayendo talentos musicales para la enseñanza, se hizo con las grandes obras editoriales, se incorporaron los audiovisuales a la educación y al disfrute creativo de muchos mexicanos y si no, ahí está el Museo Nacional de Antropología, ahí está el Instituto mismo de Antropología e Historia, ahí está el Palacio de Bellas Artes en 1900 treinta y tantos con el presidente Cárdenas, ahí están los estudios sobre la etnicidad de la etnología de México, un sinfín de eventos o de acciones culturas que se han dado en México.
Pero sí me extraña y aquí lo tengo y seguramente usted hará la réplica correspondiente que se diga que hay 3 mil millones de pesos menos de presupuesto en cultura, hay exactamente 3.8 por ciento más de los recursos que se asignaron este año.
Y con toda precisión le puedo decir que el presupuesto de 2013 de Conaculta específicamente fue de 5 mil 69 millones y el que se propone ahora es de 5 mil 260 millones, es decir, 191.3 millones más, no hay reducción en el gasto del sector cultural.
No sé si cuando se refirió a la pregunta de la Diputada era la que consistía en relación al salario a presupuesto, porque le dije lo del salario del INE que no es de director es de subsecretario y que ustedes aprobaron, por ahí contesté la que me faltaba.
Pero en relación al presupuesto de cultura, tenemos una serie de acciones que no van a entrar en Conaculta porque ya lo expresó así el Secretario de Hacienda, que se dan recursos etiquetados para los municipios en México a efecto de hacer mucho más ágil el desarrollo de los proyectos culturales en el país, debido a los problemas que hemos tenido en la tramitación de recursos en Conaculta.
Entonces, yo no veo que de acuerdo a las cifras que emanan del proyecto del presupuesto haya una disminución y sí en cambio creo que la obra cultural debe seguir, reconociendo los esfuerzos que se hicieron estos 12 años en cultura y sin dejar de reconocer los inmensos esfuerzos que se hicieron durante otros gobiernos también en materia cultural.
Comentario de la diputada Raquel Jiménez Cerrillo
Gracias señor Presidente:
Haciendo referencia únicamente a las cifras y me baso en ellas, en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2013 los diputados aprobamos luego por cierto, de un trabajo enorme al interior de la Comisión de Cultura, porque venía todavía un poco más reducido, impulsamos el que por lo menos quedara en términos del año anterior 2012 en donde por cierto, nos sumamos todas las fuerzas políticas sin color y sin distingo de siglas, justamente en aras de favorecer a la cultura.
En 2013 aprobamos 16 mil 533 millones en el ámbito de Conaculta y ahora en el proyecto están considerados 12 mil 592 millones, hay una reducción cercano a los 4 mil millones de pesos.
Pero bueno, quiero mencionar señor Secretario y dando un poco paso a la página reconocer sus respuestas con respecto al tema hace un momento de la CNTE.
Creo que el país entero está preocupado por el matiz que ha tomado este tipo de manifestaciones y respetando por supuesto, el derecho a la expresión y a la manifestación de todos los grupos creemos que es importante que el Ejecutivo Federal tome decisiones firmes en esta materia sin violentar por supuesto los derechos de los manifestantes.
No queremos que este tipo de prácticas, de expresiones se vean el día de mañana elevadas a rango de patrimonio intangible de la humanidad y sea ésta la cultura que estemos mostrando al exterior de nuestro país.
Muchas gracias.
Me saldré un poco del script que traía preparado porque muchas cosas ya se han dicho, sin embargo, se habló de la preocupación del tiempo tan reducido para nuestras intervenciones, con lo cual estoy totalmente de acuerdo, pero más me preocupa el poco tiempo que se ha destinado dentro de esta comparecencia al tema de la cultura, si bien es usted cabeza de sector en educación, el tema de cultura es parte de este sector.
Y, bueno, México, la cultura de México debe ser una de las prioridades para impulsar el desarrollo de toda nación. La cultura mexicana es fuente de identidad, de cohesión social, de expresión y diálogo y su potencial es un recurso para el desarrollo en todos los ámbitos.
En nuestro país se convirtió en una prioridad la cultura en los 12 años que encabezó el Gobierno Federal el Partido Acción Nacional, si bien quedaron algunas asignaturas pendientes debo mencionar que tan solo en los últimos 6 años que gobernó Acción Nacional el incremento en el tema de cultura en el Presupuesto de Egresos de la federación se duplicó en los últimos seis años; hoy, por el contrario, vemos cómo el Gobierno que encabeza el Partido Revolucionario Institucional parece que es carente de una política pública en materia de cultura y que este tema no adquiere ninguna importancia.
Permítanme retractarme, creo que sí hay política pública en materia de cultura, pero es la política pública del retroceso pues hoy parece que nos quieren llevar a la década de los 70 y de los 80 en donde la premisa era: “Entre menos educado esté el pueblo, más fácil será controlarlo y manipularlo”, no queremos esta política pública en este siglo XXI.
Una vez más se manifiesta el poco interés del Ejecutivo Federal en establecer una política pública carente de refuerzos y de fortalecimiento al tema cultural, por eso señor Secretario nos preocupa el trato que se pretende dar al sector cultural respecto al recurso que se prevé en el Presupuesto de Egresos de la Federación y me permito repetir este tema porque si bien la diputada Huidobro hizo una pregunta concreta en este tema del Presupuesto para el 2014 no fue mejor contestada y quisiera volverla a plantear.
Una vez más vemos con base en esto cómo piensa la Secretaría a su cargo si toda la cultura entre los servicios básicos brindados a la población como forma de favorecer la cohesión social, como se señala en el Primer Informe de Gobierno, si vemos que se está proponiendo una baja sustancial de casi 3 mil millones de pesos en los recursos de la federación para Conaculta y el sector cultural.
Por otro lado, ¿qué opina, señor Secretario de Educación, de quien depende también el Indautor, el planteamiento del Ejecutivo en materia fiscal de gravar a este sector cultural? Concretamente en la fracción VIII del artículo 96 en donde establece que los ingresos obtenidos por la explotación de obras, fotografías, dibujos, periódicos, revistas y páginas electrónicas o vía internet y la reproducción de grabaciones, obras musicales, etcétera, etcétera, serán gravados con un impuesto, esto, lejos de incentivar a los creadores, en este país, les está aniquilando con fuertes tasas impositivas y no para ahí, se está estableciendo el incremento –termino señor Presidente—con el 32 por ciento al IVA y el 8 por ciento en los estados y municipios en materia de espectáculos.
¿Cómo abonará señor Secretario, para hacer realidad el derecho del acceso a la cultura, establecido en el artículo 4 de nuestra Constitución, con estas cargas impositivas? Que si bien es cierto, es materia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quiero pensar que en un Gobierno moderno, como debe ser en el siglo XXI los presupuestos se realizan de manera transversal y su opinión debe haber pesado en este Presupuesto. Es cuanto señor Presidente.
Respuesta del secretario de Educación Pública, Emilio Chuayffet Chemor
Diputada, yo no quiero entrar en un debate sobre los gobiernos emanados de distintos partidos políticos en relación a la cultura.
Antes del 2000 la hazaña cultural de México, se hizo construyendo museos, fideicomisos, trayendo talentos musicales para la enseñanza, se hizo con las grandes obras editoriales, se incorporaron los audiovisuales a la educación y al disfrute creativo de muchos mexicanos y si no, ahí está el Museo Nacional de Antropología, ahí está el Instituto mismo de Antropología e Historia, ahí está el Palacio de Bellas Artes en 1900 treinta y tantos con el presidente Cárdenas, ahí están los estudios sobre la etnicidad de la etnología de México, un sinfín de eventos o de acciones culturas que se han dado en México.
Pero sí me extraña y aquí lo tengo y seguramente usted hará la réplica correspondiente que se diga que hay 3 mil millones de pesos menos de presupuesto en cultura, hay exactamente 3.8 por ciento más de los recursos que se asignaron este año.
Y con toda precisión le puedo decir que el presupuesto de 2013 de Conaculta específicamente fue de 5 mil 69 millones y el que se propone ahora es de 5 mil 260 millones, es decir, 191.3 millones más, no hay reducción en el gasto del sector cultural.
No sé si cuando se refirió a la pregunta de la Diputada era la que consistía en relación al salario a presupuesto, porque le dije lo del salario del INE que no es de director es de subsecretario y que ustedes aprobaron, por ahí contesté la que me faltaba.
Pero en relación al presupuesto de cultura, tenemos una serie de acciones que no van a entrar en Conaculta porque ya lo expresó así el Secretario de Hacienda, que se dan recursos etiquetados para los municipios en México a efecto de hacer mucho más ágil el desarrollo de los proyectos culturales en el país, debido a los problemas que hemos tenido en la tramitación de recursos en Conaculta.
Entonces, yo no veo que de acuerdo a las cifras que emanan del proyecto del presupuesto haya una disminución y sí en cambio creo que la obra cultural debe seguir, reconociendo los esfuerzos que se hicieron estos 12 años en cultura y sin dejar de reconocer los inmensos esfuerzos que se hicieron durante otros gobiernos también en materia cultural.
Comentario de la diputada Raquel Jiménez Cerrillo
Gracias señor Presidente:
Haciendo referencia únicamente a las cifras y me baso en ellas, en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2013 los diputados aprobamos luego por cierto, de un trabajo enorme al interior de la Comisión de Cultura, porque venía todavía un poco más reducido, impulsamos el que por lo menos quedara en términos del año anterior 2012 en donde por cierto, nos sumamos todas las fuerzas políticas sin color y sin distingo de siglas, justamente en aras de favorecer a la cultura.
En 2013 aprobamos 16 mil 533 millones en el ámbito de Conaculta y ahora en el proyecto están considerados 12 mil 592 millones, hay una reducción cercano a los 4 mil millones de pesos.
Pero bueno, quiero mencionar señor Secretario y dando un poco paso a la página reconocer sus respuestas con respecto al tema hace un momento de la CNTE.
Creo que el país entero está preocupado por el matiz que ha tomado este tipo de manifestaciones y respetando por supuesto, el derecho a la expresión y a la manifestación de todos los grupos creemos que es importante que el Ejecutivo Federal tome decisiones firmes en esta materia sin violentar por supuesto los derechos de los manifestantes.
No queremos que este tipo de prácticas, de expresiones se vean el día de mañana elevadas a rango de patrimonio intangible de la humanidad y sea ésta la cultura que estemos mostrando al exterior de nuestro país.
Muchas gracias.
martes, 24 de septiembre de 2013
lunes, 23 de septiembre de 2013
viernes, 20 de septiembre de 2013
martes, 17 de septiembre de 2013
Promueve la Dip. Raquel Jiménez cultura y educación en Corregidora
Santiago de Querétaro,
Qro., a 17 de septiembre de 2013.
· También realizó la donación de una silla de ruedas y andadera a la Casa de los Abuelos.
La diputada federal
por Querétaro, Raquel Jiménez Cerrillo, regresó a la Biblioteca Municipal de
Corregidora, con el objetivo de realizar la donación de un equipo DVD y
películas para el club de cine infantil.
En este sentido,
también visitó el “Librobús” un programa de CONACULTA que estará por unos días
en la colonia El Pueblito en el municipio de Corregidora.
Jiménez Cerrillo
comentó que estas donaciones fueron realizadas como parte de un compromiso que
se había adquirido de manera previa, con el objetivo de seguir fortaleciendo la
educación de los niños y jóvenes de dicho municipio; pues en días pasados
también realizó la donación de 80 títulos bibliográficos.
De igual forma, acudió
a la Casa de los Abuelos del municipio de Corregidora para entregar una silla
de ruedas y una andadera, lo cual también había sido un compromiso que ahora
cumple.
“Siempre he comentado
que los niños y jóvenes son muy importantes para el desarrollo del municipio,
del Estado y del país; pero no debemos olvidar a los adultos mayores que
también son parte fundamental del desarrollo, no podemos concebir una sociedad
sin sus enseñanzas, por esto volteamos a ver a estos sectores de la población
para poder hacer algo por ellos”.
La diputada Raquel
Jiménez es secretaria de la Comisión de Cultura y Cinematografía, e integrante
de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables en la Cámara de Diputados.
lunes, 16 de septiembre de 2013
viernes, 13 de septiembre de 2013
jueves, 12 de septiembre de 2013
“La cultura nos une con el resto del mundo”: Diputada Raquel Jiménez
Ciudad de México, jueves 12 de septiembre de 2013.
·
La legisladora federal inauguró la exposición
“Miradas de la Grandeza” de la Embajada de Indonesia en México.
La
Diputada Federal por Querétaro, Raquel Jiménez Cerrillo, señaló que la cultura
une a México con el resto del mundo, pues destaca las costumbres y tradiciones
que le dan identidad a un País.
“Definitivamente
la cultura nos acerca a otros países, a otros hermanos en todas partes del
mundo y podemos aprender a entendernos, a conocernos y respetarnos con todas
las formas de su expresión de cultura”.
Al
inaugurar la exposición “Miradas de la Grandeza” de la Embajada de Indonesia en
México que tuvo lugar en Cámara de Diputados, Jiménez Cerrillo aseguró que estos
vínculos de amistad y relación diplomática eliminan las fronteras entre los
diversos países.
“En
este caso uno de los objetivos que persigue este grupo de amistad es estrechar
lazos y abrir nuevas oportunidades entre el pueblo de Indonesia y el mexicano,
respecto a nuevas oportunidades de trabajo y abrir nuevas puertas al comercio.
Durante muchos años parecía que las puertas de México sólo se abrían hacia el
norte con Estados Unidos o con el sur en los países Latinoamericanos”.
Como
Vicepresidenta del Grupo de amistad México-Indonesia, la legisladora federal
agregó que la globalización ha permitido que podamos voltear a ver a otros
países, lo cual es la base del intercambio cultural, principalmente.
Durante
la inauguración de la exposición “Miradas de Grandeza” en donde se disfrutará
de la cultura, gastronomía y fotografía estuvieron presentes Mohammad Syarif
Alatas, Ministro Consejero de la Embajada de Indonesia en Representación del
Embajador; Diputada Margarita Salgado Hernández, Presidenta de la Comisión de
Cultura y Cinematografía; y Oliver Romo Miranda, en representación de Hypatia
A.C.
lunes, 9 de septiembre de 2013
La diputada Raquel Jiménez fortalece acervo bibliotecario
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Corregidora, Qro., domingo
8 de septiembre de 2013
·
Según la Encuesta Nacional de Hábitos,
Prácticas y Consumos Culturales en Querétaro el 50.6% de los entrevistados sí
han visitado una biblioteca.
·
63.98% de los encuestados contestaron no
haber leído un libro completo en los últimos 12 meses.
·
El 54.23% aseguran que en los últimos 12
meses no han acudido a una biblioteca
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La Diputada Federal por Querétaro y secretaria de la
Comisión de Cultura y Cinematografía, Raquel Jiménez Cerrillo, donó 80 libros a
la Biblioteca Municipal de Corregidora, con el objetivo de fortalecer y
fomentar la lectura.
“Con el uso de la Internet se han comenzado a dejar
de lado las consultas en las bibliotecas, estos espacios que debemos reforzar.
Si bien, la tecnología nos ayuda mucho, también hay que reconocer que abrir y
leer un libro es una sensación completamente diferente y que nunca podrá ser
comparada con una consulta virtual. Hoy venimos a contribuir con la Biblioteca
Municipal de Corregidora, para que puedan ofrecer mayor número de títulos y que
los ciudadanos los puedan aprovechar”.
Según la Encuesta Nacional de Hábitos, Prácticas y
Consumos Culturales en Querétaro el 50.6% de los entrevistados sí han visitado
una biblioteca, sin embargo el 54.23% asegura que en los últimos 12 meses no
han acudido a una biblioteca.
“Pero según dicha encuesta hay un dato que me parece
alarmante y en el cual tenemos que trabajar para incrementar la lectura, pues
el 63.98% de los encuestados contestaron que en los últimos 12 meses no han
leído un libro completo, esto es preocupante porque la lectura se está dejando
y es un hábito que debemos fortalecer desde nuestros hijos cuando están
pequeños”.
La donación que realizó la legisladora federal,
Raquel Jiménez, a la Biblioteca Municipal de Corregidora contiene títulos de
derechos humanos, seguridad, salud, equidad y género, cultura, historia, entre
otros.
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viernes, 6 de septiembre de 2013
miércoles, 4 de septiembre de 2013
Avala el Senado, sin cambios, la minuta que expide la Ley General del Servicio Profesional Docente
El Senado de la
República aprobó en sus términos la minuta de la Cámara de Diputados que
expide la Ley General del Servicio Profesional Docente y envió el documento al
Ejecutivo Federal para sus afectos constitucionales.
Durante la discusión en lo particular, la asamblea rechazó todas las propuestas de modificación a los artículos 1, 4, 6, 7, 8, 22, 24, 28, 30, 36, 38, 39, 53, 69, 74, 75, 76, 79 y 83, así como a los transitorios VIII, IX, XVIII, XIX, XXI y XXII.
Los senadores tampoco aceptaron adicionar los artículos transitorios XXIII y XXIV que sugirieron senadores del PAN, PRD y PT.
De acuerdo con el nuevo ordenamiento, para la permanencia en el servicio, las autoridades educativas y los organismos descentralizados evaluarán el desempeño docente y de quienes ejerzan las funciones de dirección o supervisión.
Esta medida será obligatoria y el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) determinará su periodicidad y considerará por lo menos una evaluación cada cuatro años.
Cuando el resultado del examen sea insuficiente, se precisa, el personal deberá incorporarse a un programa de regularización y se someterá a una segunda valoración, en un plazo no mayor de 12 meses.
Sin embargo, de ser insuficientes estos resultados, el docente se reincorporará a los programas de regularización para sujetarse a un tercer examen, en un plazo no mayor de un año.
En caso de no alcanzar el nivel suficiente en la tercera evaluación, se advierte en el dictamen, “se darán por terminados los efectos del nombramiento correspondiente sin responsabilidad para la autoridad educativa o el organismo descentralizado”.
En los artículos transitorios, se establece que a la entrada en vigor de la Ley, el personal que se encuentre en servicio se ajustará a los procesos de evaluación y a los programas de regularización estipulados.
Quienes no alcancen “un resultado suficiente” en la tercera evaluación no será separado de la función pública y será readscrito para continuar en otras tareas dentro del servicio o bien se le ofrecerá incorporarse a los programas de retiro que se autoricen.
También se plantea que el personal que no se ajuste a los procesos de evaluación o a los programas de regularización será separado del cargo sin responsabilidad para las autoridades.
Además, en julio de 2014 se deberán realizar los concursos de ingreso al servicio en educación básica y media superior.
De acuerdo con la Ley, corresponderá al INEE expedir los lineamientos a los que se sujetarán las autoridades educativas para llevar a cabo las funciones de evaluación que les corresponde en materia de ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia en el servicio.
Asimismo, ese organismo deberá aprobar los elementos, métodos, etapas e instrumentos para llevar a cabo la evaluación en el servicio profesional docente y se atribuye a las autoridades educativas locales en el nivel básico la asignación de plazas con base en los resultados de los concursos.
De igual forma, se faculta a la Secretaría de Educación Pública para que en el nivel básico apruebe las convocatorias para los concursos de ingreso y promoción, participar con INEE en la elaboración del programa anual para la evaluación, así como determinar los perfiles y requisitos mínimos para el ingreso y permanencia en el servicio.
Previamente, en la discusión en lo general, el senador del PRI, Raúl Aarón Pozos Lanz aseguró que esta ley no es “punitiva” ni “inquisitoria” sino que dará oportunidad a que haya un reconocimiento al desarrollo profesional de los docentes.
Lo que se busca --expresó-- es que todos tengan las mismas oportunidades y herramientas para que no pierdan su carrera magisterial, ni los derechos que han logrado a través de los años; “este dictamen le dará a México el sitio brillante que le corresponde como nación”.
En el mismo sentido, su compañera de bancada, Mely Romero Celis, reiteró que la nueva norma “no es enemiga de los maestros” porque no se dará de baja a ninguno de los profesores que tenga la voluntad de propiciar su desarrollo y el de sus alumnos.
La senadora del PAN, Luisa María Calderón Hinojosa señaló que hay más de 30 por ciento de retraso educativo en Michoacán, Oaxaca y Chiapas “porque hay miles de maestros en otros estados que sí se someten a la evaluación, que saben que evaluarse mejora su condición”.
Dijo que con este mecanismo se trata de mejorar, por lo que “no podemos seguir aceptando el atavismo, de que las plazas le pertenecen a unos líderes que pasan los días tomando calles, escuelas, oficinas y lo que menos les importa es dar clase”.
Al anunciar su voto en contra, el senador Alejandro Encinas Rodríguez, del PRD, señaló que en el fondo está la búsqueda del rediseño corporativo para controlar al sistema educativo y a los maestros del país, además llegar “al extremo” de crear un outsourcing magisterial.
Quieren --apuntó-- recuperar el control de las plazas y transferirlo hacia la autoridad sindical haciendo nugatorio las garantías de los profesores, pues pierden su estatus de trabajadores y se convierten en sujetos administrativos que perderán todos sus derechos.
Durante la discusión en lo particular, la asamblea rechazó todas las propuestas de modificación a los artículos 1, 4, 6, 7, 8, 22, 24, 28, 30, 36, 38, 39, 53, 69, 74, 75, 76, 79 y 83, así como a los transitorios VIII, IX, XVIII, XIX, XXI y XXII.
Los senadores tampoco aceptaron adicionar los artículos transitorios XXIII y XXIV que sugirieron senadores del PAN, PRD y PT.
De acuerdo con el nuevo ordenamiento, para la permanencia en el servicio, las autoridades educativas y los organismos descentralizados evaluarán el desempeño docente y de quienes ejerzan las funciones de dirección o supervisión.
Esta medida será obligatoria y el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) determinará su periodicidad y considerará por lo menos una evaluación cada cuatro años.
Cuando el resultado del examen sea insuficiente, se precisa, el personal deberá incorporarse a un programa de regularización y se someterá a una segunda valoración, en un plazo no mayor de 12 meses.
Sin embargo, de ser insuficientes estos resultados, el docente se reincorporará a los programas de regularización para sujetarse a un tercer examen, en un plazo no mayor de un año.
En caso de no alcanzar el nivel suficiente en la tercera evaluación, se advierte en el dictamen, “se darán por terminados los efectos del nombramiento correspondiente sin responsabilidad para la autoridad educativa o el organismo descentralizado”.
En los artículos transitorios, se establece que a la entrada en vigor de la Ley, el personal que se encuentre en servicio se ajustará a los procesos de evaluación y a los programas de regularización estipulados.
Quienes no alcancen “un resultado suficiente” en la tercera evaluación no será separado de la función pública y será readscrito para continuar en otras tareas dentro del servicio o bien se le ofrecerá incorporarse a los programas de retiro que se autoricen.
También se plantea que el personal que no se ajuste a los procesos de evaluación o a los programas de regularización será separado del cargo sin responsabilidad para las autoridades.
Además, en julio de 2014 se deberán realizar los concursos de ingreso al servicio en educación básica y media superior.
De acuerdo con la Ley, corresponderá al INEE expedir los lineamientos a los que se sujetarán las autoridades educativas para llevar a cabo las funciones de evaluación que les corresponde en materia de ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia en el servicio.
Asimismo, ese organismo deberá aprobar los elementos, métodos, etapas e instrumentos para llevar a cabo la evaluación en el servicio profesional docente y se atribuye a las autoridades educativas locales en el nivel básico la asignación de plazas con base en los resultados de los concursos.
De igual forma, se faculta a la Secretaría de Educación Pública para que en el nivel básico apruebe las convocatorias para los concursos de ingreso y promoción, participar con INEE en la elaboración del programa anual para la evaluación, así como determinar los perfiles y requisitos mínimos para el ingreso y permanencia en el servicio.
Previamente, en la discusión en lo general, el senador del PRI, Raúl Aarón Pozos Lanz aseguró que esta ley no es “punitiva” ni “inquisitoria” sino que dará oportunidad a que haya un reconocimiento al desarrollo profesional de los docentes.
Lo que se busca --expresó-- es que todos tengan las mismas oportunidades y herramientas para que no pierdan su carrera magisterial, ni los derechos que han logrado a través de los años; “este dictamen le dará a México el sitio brillante que le corresponde como nación”.
En el mismo sentido, su compañera de bancada, Mely Romero Celis, reiteró que la nueva norma “no es enemiga de los maestros” porque no se dará de baja a ninguno de los profesores que tenga la voluntad de propiciar su desarrollo y el de sus alumnos.
La senadora del PAN, Luisa María Calderón Hinojosa señaló que hay más de 30 por ciento de retraso educativo en Michoacán, Oaxaca y Chiapas “porque hay miles de maestros en otros estados que sí se someten a la evaluación, que saben que evaluarse mejora su condición”.
Dijo que con este mecanismo se trata de mejorar, por lo que “no podemos seguir aceptando el atavismo, de que las plazas le pertenecen a unos líderes que pasan los días tomando calles, escuelas, oficinas y lo que menos les importa es dar clase”.
Al anunciar su voto en contra, el senador Alejandro Encinas Rodríguez, del PRD, señaló que en el fondo está la búsqueda del rediseño corporativo para controlar al sistema educativo y a los maestros del país, además llegar “al extremo” de crear un outsourcing magisterial.
Quieren --apuntó-- recuperar el control de las plazas y transferirlo hacia la autoridad sindical haciendo nugatorio las garantías de los profesores, pues pierden su estatus de trabajadores y se convierten en sujetos administrativos que perderán todos sus derechos.
Su compañero de bancada,
el senador Mario Delgado Carrillo denunció que “desde afuera se imponen tiempos
y temas al Congreso”, que es el espacio natural para el debate y construcción
de acuerdos, pero cuando se anula al Poder Legislativo “lo único que queda es
la calle y ahí es donde hemos enviado a los maestros”.
La senadora Dolores Padierna Luna, también del PRD, advirtió que el proyecto “es una reforma laboral-bis”, un régimen sui generis para el magisterio que busca “abrir paso a la discrecionalidad de la autoridad” para despedir y contratar de acuerdo con “intereses político-electorales”.
Sin embargo, el senador perredista Isidro Pedraza Chávez explicó que votaría a favor del dictamen porque “esta reforma que se ha construido, que ha costado construirla, puede dar pasos y pautas para el desarrollo de una educación de calidad”. �
También el senador perredista Zoé Robledo Aburto se pronunció a favor de la Ley porque “es muy injusto para las futuras generaciones dejar las cosas como están” y “la educación pública de calidad es el único asidero que tienen los mexicanos más pobres para salir adelante en un entorno que es totalmente desfavorable”.
En su turno, el senador Carlos Alberto Puente Salas enfatizó que los mentores que acrediten su capacidad para impartir clases estarán al frente de las aulas y quienes se manifiestan en contra del dictamen no lo hacen por estar a favor de la educación de calidad sino porque “ven en riesgo su coto de poder”.
Esas voces, asentó el legislador del PVEM, argumentan que la evaluación es una medida represiva para despojarlos de sus plazas, pero se equivocan porque se trata de un proceso en el que se toma en cuenta el rendimiento escolar, el desempeño del profesor, la participación de los padres de familia y las condiciones físicas de la escuela.
A su vez, el senador David Monreal Ávila cuestionó que un tema tan importante como la Ley no sea discutido a profundidad ni con especialistas en la materia y que se respalde de manera fast track, “en lo oscurito y sólo entre unos cuantos legisladores”.
Con este tipo de acciones, señaló, se viola la fracción primera del artículo 193 del Reglamento del Senado de la República, el cual dispone que los dictámenes y, en su caso, las opiniones correspondientes se publiquen en la Gaceta cuando menos 24 horas antes de la sesión del pleno en la cual son puestos a debate y votación.
La senadora Dolores Padierna Luna, también del PRD, advirtió que el proyecto “es una reforma laboral-bis”, un régimen sui generis para el magisterio que busca “abrir paso a la discrecionalidad de la autoridad” para despedir y contratar de acuerdo con “intereses político-electorales”.
Sin embargo, el senador perredista Isidro Pedraza Chávez explicó que votaría a favor del dictamen porque “esta reforma que se ha construido, que ha costado construirla, puede dar pasos y pautas para el desarrollo de una educación de calidad”. �
También el senador perredista Zoé Robledo Aburto se pronunció a favor de la Ley porque “es muy injusto para las futuras generaciones dejar las cosas como están” y “la educación pública de calidad es el único asidero que tienen los mexicanos más pobres para salir adelante en un entorno que es totalmente desfavorable”.
En su turno, el senador Carlos Alberto Puente Salas enfatizó que los mentores que acrediten su capacidad para impartir clases estarán al frente de las aulas y quienes se manifiestan en contra del dictamen no lo hacen por estar a favor de la educación de calidad sino porque “ven en riesgo su coto de poder”.
Esas voces, asentó el legislador del PVEM, argumentan que la evaluación es una medida represiva para despojarlos de sus plazas, pero se equivocan porque se trata de un proceso en el que se toma en cuenta el rendimiento escolar, el desempeño del profesor, la participación de los padres de familia y las condiciones físicas de la escuela.
A su vez, el senador David Monreal Ávila cuestionó que un tema tan importante como la Ley no sea discutido a profundidad ni con especialistas en la materia y que se respalde de manera fast track, “en lo oscurito y sólo entre unos cuantos legisladores”.
Con este tipo de acciones, señaló, se viola la fracción primera del artículo 193 del Reglamento del Senado de la República, el cual dispone que los dictámenes y, en su caso, las opiniones correspondientes se publiquen en la Gaceta cuando menos 24 horas antes de la sesión del pleno en la cual son puestos a debate y votación.
Fuente: Boletín de Comunicación Social del Senado de la República
martes, 3 de septiembre de 2013
lunes, 2 de septiembre de 2013
El Pleno aprueba en lo general y lo particular la Ley General del Servicio Profesional Docente
La evaluación no es instrumento de acciones punitivas
Plaza definitiva a los seis meses de servicio
01-09-2013
La Cámara de Diputados aprobó con 390 votos a favor, 69 en contra y 4
abstenciones, el dictamen con proyecto de decreto que expide la Ley General del
Servicio Profesional Docente, que tiene por objeto mejorar la calidad de la
educación, así como la práctica profesional mediante la evaluación en las
escuelas de educación básica y media superior.
El
ordenamiento jurídico, reglamentario de la fracción III del artículo 3o. de la
Constitución, tiene el fin de establecer los perfiles, parámetros e indicadores
del servicio profesional docente; regular los derechos, obligaciones y
sanciones derivados del mismo, y asegurar la transparencia y rendición de
cuentas.
Al
fundamentar el dictamen, el presidente de la Comisión de Educación Pública y
Servicios Educativos, Jorge de la Vega Membrillo (PRD), resaltó que de las
mesas de diálogo con la dirección de la Coordinadora Nacional de Trabajadores
de la Educación (CNTE) se definieron, con precisión y consenso, ejes
fundamentales para mantener el respeto a los derechos constitucionales de los
trabajadores y evitar que la autoridad pueda ejercer acciones punitivas con la
evaluación.
Destacó
que entre las modificaciones resalta la del artículo 4, inciso C, respecto a
los nombramientos de base, así como la del 22, el cual menciona que en la
educación básica y media superior el ingreso a una plaza docente dará lugar a
un nombramiento definitivo de base, después de seis meses de servicio, sin nota
desfavorable en su expediente y en términos de esta ley.
Al
artículo 24, respecto a los concursos de oposición, se le agregó algo esencial:
“En la educación básica, el perfil que debe tener el docente
didáctico-pedagógico corresponderá al académico, con formación docente
pedagógica o áreas afines, privilegiando el perfil pedagógico docente a los
candidatos”.
El
artículo 27 establece que en el período de inducción, las autoridades
educativas locales brindarán las orientaciones y los apoyos pertinentes para
fortalecer las capacidades de liderazgo y gestión escolar.
“Al
término del período de inducción, la autoridad educativa local evaluará el
desempeño del personal para determinar si cumple con las exigencias propias de
la función directiva. Si el personal cumple con dichas exigencias, se le
otorgará nombramiento definitivo”, precisa.
De
igual forma, agregó, de la Vega Membrillo se modifica el artículo 83 para que
las relaciones de trabajo del personal con las autoridades educativas y
organismos descentralizados se rijan por la legislación laboral aplicable,
salvo por lo dispuesto en la misma ley.
Añadió
que el personal que sea separado de su encargo con motivo de la aplicación de
esta ley, podrá impugnar la resolución respectiva ante los órganos
jurisdiccionales competentes en materia laboral.
De
la Vega Membrillo mencionó que, por otro lado, un segundo eje que se planteó es
en torno a la evaluación, la cual debe ser contextualizada y no punitiva.
Se
refirió al agregado del artículo 7, espejo del artículo 28 de la Ley del
Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), y que en sus
fracciones se establecen los atributos del Servicio Profesional Docente, entre
ellos, la expedición de los lineamientos a los que se sujetarán las autoridades
educativas.
De
la misma manera, dijo, se fija la participación de observadores de
instituciones públicas y de organizaciones de la sociedad civil en los procesos
de aplicación de los concursos de oposición para el ingreso y la promoción y se
autoriza, como facultad del INEE, los parámetros e indicadores para el ingreso,
la promoción, el reconocimiento y la permanencia.
También
fueron planteados cambios a algunos transitorios, como el vigésimo segundo, en
donde se señala que la Secretaría de Educación Pública formulará un plan
integral para iniciar a la brevedad los trabajos formales a nivel nacional de
diagnóstico, rediseño y fortalecimiento para el sistema de normales públicas, a
efecto de asegurar la calidad en la educación que imparta y la competencia
académica de sus egresados, así como su congruencia con las necesidades del sistema
educativo nacional.
Finalmente
se hace una excepción para que en la determinación de los perfiles, parámetros,
indicadores e instrumentos de evaluación aplicable al personal docente y con
funciones de dirección y de supervisión del Instituto Politécnico Nacional, se
considere la normativa propia de ese instituto.
Durante
los posicionamientos, la diputada Dora María Guadalupe Talamante Lemas (Nueva
Alianza) mencionó que la ley tiene el enorme reto de pugnar por el pleno
respeto de los derechos humanos, laborales y profesionales de las y los
maestros.
Aseveró
que garantizar el derecho de todos los mexicanos a una educación de calidad, no
tiene por qué traducirse en una violación de los derechos adquiridos ni suponer
acciones punitivas en contra de los maestros.
La
legisladora subrayó que la reforma educativa será letra muerta si las mediadas
que se proponen para elevar la calidad de los servicios educativos, no incluyen
decisiones firmes y el presupuesto necesario para responder a las altas
expectativas que se han generado.
El
diputado Héctor Hugo Roblero Gordillo, del PT, se pronunció en contra de la
reforma ya que, aseguró, carecerá de legitimidad, debido a que los
destinatarios la rechazarán.
Afirmó
que la causa del bajo nivel educativo es la política gubernamental; cuestionó
el método de evaluación al que serán sometidos los maestros. “¿Quién evaluará a
los evaluadores?”, cuestionó.
“Nos
pronunciamos por una educación que sirva como instrumento de transformación de
la sociedad y de una mejora del sistema, en la que se eleven los salarios de
los educadores, ya que tenemos claro que ellos no son el problema, sino parte
de la solución”.
Por
Movimiento Ciudadano, la diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez señaló que
entre los problemas que enfrenta el sistema educativo están los altos índices
de deserción, el desinterés de alumnos y el bajo aprovechamiento.
“Las propuestas de los debates realizados en el país para la reforma educativa se tiraron al bote de la basura. No se puede satanizar la protesta social que paraliza a la capital. La reforma es un reforma administrativa que no surge de la sociedad”, aseguró.
“Las propuestas de los debates realizados en el país para la reforma educativa se tiraron al bote de la basura. No se puede satanizar la protesta social que paraliza a la capital. La reforma es un reforma administrativa que no surge de la sociedad”, aseguró.
Se
manifestó a favor de un debate nacional para crear “una auténtica y consensuada
Ley de Educación” y no se criminalice la voz de afectados.
La
diputada Judit Magdalena Guerrero López, del PVEM, expresó que hay una profunda
desvalorización social de los maestros; además, dijo, las más de 400 escuelas
normales padecen debilitamiento sistémico.
“La
Reforma propone transformaciones en materia educativa y de mejor trato a los
maestros, incluyendo mejoras salariales”, sostuvo la legisladora por Zacatecas.
Agregó
que no debe criminalizarse a los maestros, pero tampoco se les tiene que
privilegiar. “Las contrataciones serán bajo una constante evaluación no
punitiva y estarán a salvo los derechos de los maestros”, indicó.
En
su turno, el diputado Agustín Miguel Alonso Raya (PRD) expresó que tenemos una
crisis del sistema educativo, como es el caso de secundarias y bachilleratos,
donde hay más deserción y reprobación. Ante ello, anunció que en los próximos
días se tendrá que abrir, de acuerdo a lo aprobado, un debate sobre el modelo
educativo.
El
legislador por Guanajuato resaltó que, además, se tendrán que analizar a fondo
planes y programas de estudio, materiales, auxiliares didácticos, así como
métodos para reivindicar a los maestros, alumnos y escuelas.
“Apoyamos
lo que contiene la iniciativa y no cejaremos en seguir dando la batalla al lado
del magisterio para hacer que la educación tenga viabilidad y responda a los
intereses de los padres de familia, niños y de la nación”, agregó.
Por
el PAN, el diputado Ernesto Alfonso Robledo Leal, dijo que el dictamen de la
Ley General del Servicio Profesional Docente deja claro que la evaluación a los
maestros tiene como propósito mejorar la práctica profesional, por lo que el
sistema educativo también deberá otorgar los apoyos necesarios para que los
docentes desarrollen sus fortalezas y superen sus debilidades.
Enfatizó
que los alcances de esta Ley establecen, dentro del orden jurídico mexicano,
las regulaciones que garanticen a los maestros la posición económica y social
que les corresponde, así como la libertad y el respeto adecuados al
cumplimiento de su vocación.
El
también secretario de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos,
detalló que “la aprobación de este dictamen aportará las bases que harán
posible que las y niños tengan una educación de calidad que les permita
asegurar un futuro de bienestar y desarrollen sus potencialidades”.
El
diputado Arnoldo Ochoa González (PRI) señaló que se acusa a la Ley General del
Servicio Profesional Docente y a la evaluación de ser punitiva, pero “queremos
dejar claro que la evaluación es sólo un proceso, donde se valorará el
rendimiento escolar y el desempeño del docente; no es una prueba para ver quién
obtiene más y mejores resultados”.
Detalló
que la evaluación es un proceso que se basa en cursos de capacitación anuales
para detectar insuficiencias y fortalezas, a fin de tener una mejora en la
práctica de la docencia.
El
también integrante de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos,
mencionó que nunca ha estado en riesgo la gratuidad de la educación. “Somos
defensores de la educación pública y gratuita, ahora defendemos la calidad de
la educación, queremos ver a los maestros en las aulas, capacitándose y que
sean aliados en los grandes propósitos de México”.
Al
hablar en contra, la diputada Roxana Luna Porquillo (PRD) consideró esta ley
traerá como consecuencia que los trabajadores pierdan sus derechos laborales,
por lo que pidió a los diputados reflexionar su voto.
Por
su parte, el diputado Ricardo Monreal Ávila (MC) subrayó que esta ley “nadie la
ha leído” y cuestionó por qué se excluye al magisterio para su discusión. “Si
verdaderamente contiene tantos avances, ¿por qué sesionar subrepticiamente en
la clandestinidad, de manera apresurada, de manera precipitada?”
El
diputado Fernando Belaunzarán Méndez (PRD) destacó la importancia de las más de
100 modificaciones que se realizaron a la ley, con los cuales se dejaron a
salvo los derechos constitucionales de los maestros y habrá incentivos para que
los mejores profesores vayan a las zonas más pobres a enseñar.
En
tanto, el diputado Ricardo Cantú Garza (PT) aclaró que su grupo parlamentario y
los trabajadores de la educación no están en contra de la evaluación, sino de
la forma en que se pretende hacer, “que se disfrace una reforma laboral para el
gremio de los maestros, diciendo que es por una mejora y por la calidad de la
educación”.
Por
el PVEM, el diputado Arturo Escobar y Vega reconoció que existe una minoría que
está en contra de esta reforma educativa, “representada en gran medida en el
estado de Oaxaca, en donde en los últimos 10 años se han lastimado, con más de
70 días sin clases, a los alumnos”. Sin embargo, dijo, tiene el apoyo de la
CNTE.
La
diputada Luisa María Alcalde Luján (MC) coincidió en la necesidad de modificar
el modelo educativo y evaluar el comportamiento de sus actores y de todo el
proceso; sin embargo, “estos fines no se van a lograr con una ley reglamentaria
diseñada bajo premisas equivocadas y acoso laboral a los maestros. Esta ley no
es la solución que este país necesita para mejorar la calidad educativa”.
El
diputado Roy Argel Gómez Olguín (PRI) expresó que el dictamen atiende un
reclamo histórico de los maestros para ser reconocidos en función de sus
méritos y ser evaluados bajo los principios de legalidad, objetividad e
imparcialidad. “Estamos a favor de concluir con la reforma educativa. Es ahora
o permanecer secuestrados para siempre”, enfatizó.
A
su vez, el legislador Silvano Blanco Deaquino (PRD) denunció que la ley sí
afecta a los maestros, y consideró que el Pacto por México sustituye y da un
golpe técnico al Congreso, “ya que esta disuelto por las decisiones que se
toman en ese Pacto”.
Del
PT, el legislador Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara indicó que no es trata
de una reforma educativa; “si lo fuera, no habría 300 mil jóvenes excluidos”.
Lo que se está haciendo, afirmó, es una reforma laboral-administrativa que
perjudicará a los maestros, pero “ellos, advirtió, se van a defender”.
La
diputada María del Socorro Ceseñas Chapa (PRD) mencionó que esta Ley
Reglamentaria, violenta el artículo 123 constitucional. Además, la reforma
educativa privatiza a la educación y agrede los derechos laborales. “Debería
haber sido un modelo educativo donde realmente se considere los principios rectores
de una enseñanza pública que México necesita y demanda”, apuntó.
En
tanto, el diputado Miguel Ángel Aguayo López (PRI) argumentó que la iniciativa
se sustenta en postulados educativos, pues busca la profesionalización de los
maestros, a través de la capacitación y actualización constante en su formación
y desarrollo, respetando siempre sus derechos laborales.
Previamente,
el Pleno desechó en votación económica cuatro mociones suspensivas en torno a
la discusión de la Ley General del Servicio Profesional Docente de los
diputados Ricardo Mejía Berdeja (MC) y de los perredistas Carol Antonio
Altamirano, Silvano Blanco Deaquino y Javier Orihuela García.
En
lo particular, fueron rechazadas por la Asamblea y aprobadas en términos del
dictamen 28 reservas a los artículos 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 13, 22, 23, 53, 68,
76, 83, Octavo Transitorio, Décimo Octavo Transitorio y la adición del Vigésimo
Tercero Transitorio. La votación fue 375 votos a favor, 73 en contra y una
abstención.
Fueron
presentadas por los diputados del PRD, Silvano Blanco Deaquino, Víctor Reymundo
Nájera Medina, Roxana Luna Porquillo, Carlos de Jesús Alejandro y Andrés Eloy
Martínez Rojas. De Movimiento Ciudadano Víctor Manuel Jorrín Lozano, Juan
Ignacio Samperio Montaño, Gerardo Villanueva Albarrán, Juan Luis Martínez
Martínez, José Antonio Hurtado Gallegos, Zuleyma Huidobro González, José
Francisco Coronato Rodríguez y José Luis Valle Magaña. Y del PT, Héctor Hugo
Roblero Gordillo, María del Carmen Martínez Santillán, Rosa Elia Romero Guzmán,
Loretta Ortíz Ahlf.
Aprobado
en lo general y en lo particular, el dictamen se envió al Senado de la
República, para sus efectos constitucionales.
Minutas
La
Mesa Directiva turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales dos minutas que
fueron devueltas por el Senado de la República.
Una
que reforma el inciso e) y adiciona un inciso o) de la fracción IV del artículo
116; y se reforma el artículo 122, apartado C, base primera, fracción V, inciso
f) de la Constitución Política.
Otra
que modifica y adiciona diversas disposiciones de los artículos 25, 73, 79,
108, 116 y 117 de la Carta Magna, en materia de disciplina financiera de las
entidades federativas y municipios.
Posteriormente,
el presidente de la Cámara de Diputados, Ricardo Anaya Cortés concluyó la
sesión y citó para la que tendrá lugar el martes 3 de septiembre, a las 11:00
horas.
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