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En
el pasado periodo ordinario, los diputados exhortamos al gobierno federal
atender la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
sobre los casos de las indígenas Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández
Ortega, agredidas sexualmente por soldados en el año 2002.
En
un punto de acuerdo aprobado, los diputados pedimos al Ejecutivo un informe
pormenorizado, a través de la Secretaría de Gobernación, en torno a los avances
registrados en las medidas de reparación contenidas en las sentencias dictadas
por la CIDH.
También
solicitamos informes sobre las razones u obstáculos que han provocado la
dilación de su total cumplimiento.
Los
diputados resaltamos la importancia de regresar la paz y libertad a todos los
mexicanos, a través de replantear la estrategia nacional de seguridad con el
irrestricto respeto a los derechos humanos.
Por
ello, “se le exhorta al titular del Ejecutivo federal para que por los medios
que considere convenientes dé cabal cumplimiento a la sentencia emitida por la
Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos de Valentina Rosendo
Cantú e Inés Fernández Ortega”, señala el punto de acuerdo.
La
sentencia de la CIDH encontró a México culpable de la violación de los derechos
a la integridad personal, la dignidad, la vida privada, las garantías
judiciales y la protección judicial de los casos de las indígenas Valentina e
Inés.
El
organismo interamericano recomendó al Estado mexicano investigar los hechos en
el fuero ordinario e identificar, juzgar y eventualmente sancionar a los
responsables tanto de la violación sexual, así como iniciar las acciones
disciplinarias, administrativas o penales.
También
pidió reformar la legislación federal y militar, a fin de que se establezca de
manera clara, precisa y sin ambigüedades, que la justicia castrense debe
abstenerse, en cualquier supuesto, de conocer sobre violaciones a derechos
humanos atribuidas a miembros de las Fuerzas Armadas mexicanas, sin importar si
éstos se encuentren o no en servicio activo.
Recomienda
indemnizarlas económicamente por daño material e inmaterial, así como
reintegrarles los gastos incurridos, brindarles tratamiento médico y
psicológico y otorgarles becas de estudios en instituciones públicas hasta su
conclusión, sean a nivel técnico o universitario.
Además,
la CIDH plantea realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad
internacional por violaciones a los derechos humanos de las indígenas y
publicar un resumen de la sentencia tanto en español como en la lengua de las
indígenas me’phaa.
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