Quiero
informarles que en la sesión ordinaria del 22 de noviembre, en la Cámara de Diputados se aprobó
con cambios el dictamen que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones
de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y se envió al Senado
de la República.
A
la iniciativa, presentada por el PRI y PVEM, se le modificaron en el Pleno las
fracciones XVIII, XIX, XX, XXI y XXIII, del artículo 27, así como la fracción
XVII del artículo 41, mientras que en Comisiones Unidas de Gobernación y
Seguridad Pública se cambió la redacción del inciso c y se eliminaron las
fracciones VII y X, del artículo 32.
Los
diputados del PRD y PAN propusimos los cambios avalados al documento elaborado
por el equipo del presidente electo, Enrique Peña Nieto.
El
artículo que más modificaciones sufrió fue el 27, que contempla nuevas
funciones de la Secretaría de Gobernación, las cuales fueron limitadas con las
modificaciones.
Quiero manifestarles que una servidora junto con varios diputados del PAN votamos el dictamen en contra.
En
la discusión sobre el artículo 27, Julio César Moreno Rivera (PRD) planteó
suprimir el término “disturbios” en la fracción XVIII, que se refiere a
salvaguardar la pacífica manifestación de las ideas y la libre asociación.
El
nuevo texto establece que corresponde a Gobernación “reforzar, cuando se
requiera o estime, la tarea policial y de seguridad de los municipios y
localidades rurales y urbanas que lo requieran e intervenir ante situaciones de
peligro o cuando se vean amenazados por aquellos que impliquen violencia o
riesgo inminente”.
Mi
compañero, el diputado Ernesto Robledo Leal de AN propuso eliminar de la
fracción XIX la frase “en las situaciones de alteración grave del orden
público”.
Ahora
dice que le corresponde a Gobernación “auxiliar, cuando así lo requiera la
Procuraduría General de la República, en la investigación y persecución de
delitos y disponer de la fuerza pública en términos de disposiciones legales
aplicables”.
Lizbeth
Rosas Montero (PRD) modificó la fracción XX para que Gobernación proponga al
Consejo Nacional de Seguridad Pública el desarrollo de políticas para prevenir
el delito y reconstituir el tejido social, y que no sea la encargada de
desarrollar esas políticas, como se presentó en la iniciativa.
Fernando
Belaunzarán Méndez (PRD) propuso y se aprobó modificar la fracción XXI, que
establecía organizar, dirigir y administrar un servicio para la atención a las
víctimas del delito y ahora se establece que sólo participará y coadyuvará en
la atención a las víctimas del delito.
También
se avaló la modificación propuesta por Lizbeth Eugenia Rosas Montero (PRD) a la
fracción XXIII para eliminar las palabras “Menores infractores” y ahora señala
que entre las atribuciones de Gobernación figura administrar el sistema
penitenciario federal y de justicia para adolescentes.
El
Pleno aprobó en sus términos el artículo 32, que ya había sido modificado por
unanimidad en la reunión de Comisiones Unidas de Gobernación y Seguridad
Pública e integrado al dictamen.
Estos
cambios tienen el objetivo de que la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos
Indígenas (CDI) y el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) no sean
sectorizados a la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), como se proponía
en la iniciativa, y mantengan su autonomía jurídica y económica.
Con
ese propósito se eliminaron las fracciones VII y X y se modificó el inciso c
para quedar como sigue: “Atención a los derechos de la niñez, de la juventud,
de los adultos mayores, de las personas con discapacidad”.
Otro
de los cambios aprobados por el Pleno fue a la fracción XVII del artículo 41,
propuesto por Víctor Serrralde Martínez (PAN), sobre ordenamiento territorial,
para agregar la frase: cuando así lo hayan convenido.
La
fracción XVII quedó como sigue: Facilitar las acciones de coordinación de los
entes públicos responsables de la planeación urbana y metropolitana en las
entidades federativas y municipios cuando así lo hayan convenido.
La
sesión inició poco antes de las 14:00 horas con la fundamentación del dictamen
que realizó el presidente de la Comisión de Gobernación, Alejandro Moreno
Cárdenas (PRI).
Afirmó
que la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal busca
organizar al gobierno para rendir mejores resultados, favorecer la
gobernabilidad, seguridad y cohesión social.
Subrayó
la importancia del fortalecimiento de la Secretaría de Gobernación, la creación
de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y la integración
de la Oficina de la Presidencia, como unidad de la Administración Pública
Federal.
Posteriormente,
fueron desechadas dos mociones suspensivas de los diputados Ricardo Mejía
Berdeja (MC) y Loretta Ortiz Ahlf (PT), quienes argumentaban que no se siguió
el proceso legal de dictaminación “en franca violación al reglamento de la
Cámara de Diputados” y solicitaban que el dictamen regresara a comisiones.
La
discusión continuó en lo general, con los posicionamientos de los grupos parlamentarios,
Diputados
del PRI, PAN, PVEM y NA expresamos el apoyo a la reorganización del gobierno
federal, aunque nosotros, los panistas, con algunas reservas, mientras PRD, MC
y PT lo cuestionaron.
Alrededor
de las 15:30 horas, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general el
dictamen que reforma la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, con
333 votos a favor, 50 en contra y 84 abstenciones.
Posteriormente
se inició la discusión de las 44 reservas presentadas a 17 artículos del
dictamen por parte de diputados del PAN, PRD, PT y Movimiento Ciudadano.
Entre
las reservas desechadas por el Pleno figura la que presentó mi compañera, la
diputada Elizabeth Yáñez Robles al artículo 26 del dictamen, para que no
desapareciera la Secretaría de la Función Pública y por mantener las
atribuciones de la Secretaría de la Seguridad Pública.
La
propuesta de la legisladora panista fue desechada con 232 votos en contra, 154
a favor y 34 abstenciones.
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