Amigos:
Les quiero informar que en
la sesión ordinaria del pasado 17 de septiembre de 2014, los diputados aprobamos
un acuerdo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) donde se suscribe en
sus términos el informe de la Comisión Especial sobre el derrame de tóxicos en
los ríos Sonora y Bacanuchi y sus recomendaciones al respecto.
En el documento, avalado en
votación económica, se explica que la Jucopo hizo suyas las recomendaciones
emitidas en el primer informe de trabajo de la Comisión Especial para dar
Seguimiento a la Problemática Generada por el Derrame de Diversas Sustancias Contaminantes
a los Ríos Sonora y Bacanuchi, presentado el pasado 15 de septiembre.
En el acuerdo se pide la
creación de un Fondo de Desarrollo Regional solventado por la empresa Grupo
México, con un monto inicial de cinco mil millones de pesos, como mecanismo
compensatorio que detone el potencial de desarrollo que la empresa ha impedido,
además del fideicomiso de dos mil millones de pesos que anunció recientemente
el gobierno federal.
Dicho fondo deberá
comprender los aspectos de salud, alimentación, educación, infraestructura,
trabajo y recuperación de todas las actividades productivas y económicas para
la reactivación económica y social de Sonora.
El documento señala que el
fideicomiso deberá tener un enfoque “preponderantemente humano y priorizar la
reparación de los daños y perjuicios ocasionados a la población, con una
perspectiva a largo plazo que permita evaluar la suficiencia de los recursos y
cuantificar las aportaciones necesarias para el resarcimiento del daño social,
económico y ambiental afligido”.
Para ello, la instancia
contará con un comité técnico especializado que decida los objetivos y que
tenga un manejo transparente de los recursos, alejado de toda entrega selectiva
o politizada, agrega.
El fideicomiso también
deberá garantizar a los municipios afectados por el derrame de tóxicos el
abasto suficiente y oportuno de agua potable, tanto para consumo humano, como
para sus múltiples actividades (incluido el uso agrícola y ganadero),
cumpliendo con los estándares de calidad.
Además, se recomienda “hacer
valer el imperio de la ley, exigiendo a todas las autoridades competentes el
ejercicio de todas las acciones y recursos civiles, penales, administrativos y
laborales a que haya lugar, para sancionar de manera ejemplar a la empresa y personas
que resulten responsables”.
Asimismo, hace un llamado a
la autoridad competente a redoblar las acciones de vigilancia y supervisión de
la mina Buenavista del Cobre, S.A. de C.V., a fin de revisar las violaciones en
que ha incurrido la mina y prevenir cualquier otra en el futuro, en materia
ambiental, laboral y en general de seguridad industrial.
Esto con el objeto de
proceder a la suspensión de actividades y a la evaluación de la cancelación de
la concesión otorgada a Grupo México.
Además, se considera urgente
que las comisiones ordinarias correspondientes de la Cámara de Diputados
presenten un paquete legislativo que fortalezca al Estado mexicano en su
función reguladora y sancionadora, que eleve los montos de las multas y
sanciones y que dote al Estado de capacidad para actuar con prontitud.
De igual forma, se solicita
incluir al municipio de Cananea en el programa de poblaciones afectadas por el
derrame de tóxicos y garantizar el acceso oportuno a servicios de salud de
calidad para atender las repercusiones y afectaciones presentes y futuras
provocadas por éste.
Se plantea también que la
empresa cumpla con las medidas sanitarias pertinentes, emitidas por la
autoridad competente, con el objeto de proteger la salud de los pobladores.
Finalmente, se propone
garantizar a los pobladores de la región el pleno ejercicio de sus derechos
humanos, como el acceso al trabajo digno, sin que medie ningún tipo de
discriminación.
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