Amigos:
Les
quiero informar que en la sesión del 20 de Noviembre de 2014, los diputados
aprobamos un dictamen para que en el sistema educativo nacional se fomente el
uso de tecnologías de la información y la comunicación de manera responsable y
segura.
El documento, que reforma y adiciona los artículos 7, 12 y 14 de la Ley General de Educación, en materia de uso y regulación de tecnologías en el sistema educativo nacional, fue aprobado por unanimidad, con 331 votos a favor, y fue turnado al Ejecutivo para su promulgación.
El dictamen deriva de una minuta enviada por el Senado en octubre de 2011 y aprobada por los diputados, con modificaciones, en abril de 2013, por lo que fue devuelta a los senadores, quienes, a su vez, le hicieron cambios y la remitieron a la Cámara de Diputados, para su ratificación, en abril de 2014.
Con la reforma se establece que la educación que impartan el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios, tendrá como objeto la comprensión, aplicación y uso responsable de la investigación y la innovación científicas y tecnológicas.
Asimismo, se agrega que la autoridad educativa federal tendrá atribuciones para “emitir los lineamientos generales para el uso responsable y seguro de las tecnologías de la información y la comunicación en el sistema educativo”.
También se añade a la legislación que las autoridades educativas federal y locales deberán “fomentar el uso responsable y seguro de las tecnologías de la información y la comunicación en el sistema educativo”.
Esta medida tiene el objeto de apoyar el aprendizaje de los estudiantes, ampliar sus competencias para la vida y favorecer su inserción en la sociedad del conocimiento.
El dictamen señala que dicha modificación obedece a la necesidad de establecer un marco regulatorio que incentive el uso armónico y el reconocimiento legal específico de algunos aspectos de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), que no se encuentran contemplados en la legislación vigente.
De igual forma, indica la importancia de establecer atribuciones para las autoridades educativas en la materia, luego de que, con la reforma de telecomunicaciones, promulgada en junio de 2013, se dispuso en la Constitución la obligación del Estado de garantizar el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación.
El documento, que reforma y adiciona los artículos 7, 12 y 14 de la Ley General de Educación, en materia de uso y regulación de tecnologías en el sistema educativo nacional, fue aprobado por unanimidad, con 331 votos a favor, y fue turnado al Ejecutivo para su promulgación.
El dictamen deriva de una minuta enviada por el Senado en octubre de 2011 y aprobada por los diputados, con modificaciones, en abril de 2013, por lo que fue devuelta a los senadores, quienes, a su vez, le hicieron cambios y la remitieron a la Cámara de Diputados, para su ratificación, en abril de 2014.
Con la reforma se establece que la educación que impartan el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios, tendrá como objeto la comprensión, aplicación y uso responsable de la investigación y la innovación científicas y tecnológicas.
Asimismo, se agrega que la autoridad educativa federal tendrá atribuciones para “emitir los lineamientos generales para el uso responsable y seguro de las tecnologías de la información y la comunicación en el sistema educativo”.
También se añade a la legislación que las autoridades educativas federal y locales deberán “fomentar el uso responsable y seguro de las tecnologías de la información y la comunicación en el sistema educativo”.
Esta medida tiene el objeto de apoyar el aprendizaje de los estudiantes, ampliar sus competencias para la vida y favorecer su inserción en la sociedad del conocimiento.
El dictamen señala que dicha modificación obedece a la necesidad de establecer un marco regulatorio que incentive el uso armónico y el reconocimiento legal específico de algunos aspectos de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), que no se encuentran contemplados en la legislación vigente.
De igual forma, indica la importancia de establecer atribuciones para las autoridades educativas en la materia, luego de que, con la reforma de telecomunicaciones, promulgada en junio de 2013, se dispuso en la Constitución la obligación del Estado de garantizar el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación.
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