El 28 de abril en nuestra sesión ordinaria,
los diputados aprobamos reformar la Ley General de Protección Civil, a fin de
actualizar términos, normas y sistemas de protección civil que incluyan riesgos
provocados por fenómenos astronómicos, como meteoritos y tormentas magnéticas.
El dictamen, que reforma los artículos 2, 20
y 82 de esa ley, fue aprobado por 428 votos a favor, cero en contra y dos
abstenciones y turnado al Ejecutivo para su promulgación.
El documento deriva de una iniciativa
presentada por el diputado Andrés Eloy Martínez Rojas (PRD), el 27 de febrero
de 2013, aprobada por la Cámara de Diputados el 29 de abril de ese año y
turnada a los senadores, quienes la devolvieron con cambios el pasado 11 de
febrero.
El dictamen avalado incluye en la legislación
el término de “fenómeno astronómico”, el cual define como cualquier evento,
proceso o propiedades a los que están sometidos los objetos del espacio
exterior incluidos estrellas, planetas, cometas y meteoros.
“Algunos de estos fenómenos interactúan con
la tierra, ocasionándole situaciones que generan perturbaciones que pueden ser
destructivas tanto en la atmósfera como en la superficie terrestre, entre ellas
se cuentan las tormentas magnéticas y el impacto de meteoritos”, dice.
Asimismo, considera como desastre al
“resultado de la ocurrencia de uno o más agentes perturbadores severos y
extremos, concatenados o no, de origen natural, de la actividad humana o
aquéllos provenientes del espacio exterior”, cuando su impacto exceda la
capacidad de respuesta de la comunidad afectada.
Establece también que la Coordinación
Nacional de Protección Civil, el Centro Nacional de Prevención de Desastres y
la Agencia Espacial Mexicana trabajarán conjuntamente para crear políticas
públicas en materia de prevención o atención de desastres ocasionados por
objetos que provengan del espacio exterior.
Señala que el Sistema Nacional de Protección
Civil realizará las acciones necesarias, en coordinación con el gobierno
federal, las entidades federativas, los gobiernos locales y los sectores
privado y social, así como la población en general, ante el peligro o riesgo
específico derivado de un agente perturbador espacial.
Finalmente, instituye que el gobierno
federal, con la participación de las entidades federativas y el gobierno del
Distrito Federal, deberán buscar concentrar la información astronómica de que
se disponga a nivel nacional.
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