En
la sesión del pasado 4 de marzo, aprobamos, por 426 votos a favor, cero en
contra y siete abstenciones, un dictamen que reforma la Constitución Política,
a fin de elevar de 14 a 15 años la edad mínima para emplear a menores de edad,
y se turnó al Senado para su análisis.
El
documento, que reforma el artículo 123, apartado A, fracción III de la Carta
Magna, surge de dos iniciativas presentadas por el presidente Enrique Peña
Nieto, en junio de 2013, y de los diputados perredistas Verónica Beatriz Juárez
Piña, Aleida Alavez Ruiz, Agustín Miguel Alonso Raya y Carlos Reyes Gámiz.
En
las consideraciones se expone que la reforma tiene el propósito de salvaguardar
los derechos de los niños con relación al trabajo, teniendo presente que la
explotación infantil es un grave problema social, que atañe a todos las
naciones, en algunos casos es severo y con índole de esclavitud contemporánea.
“El
trabajo infantil, en su forma de explotación, daña a la sociedad y, en específico,
a la población infantil, si consideramos que la niñez es el futuro de cualquier
país, el agredirlos con esta forma de esclavitud, es sin duda, desastroso para
la sociedad en sí misma”, expone el documento.
Se
precisa que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha establecido que
el “trabajo infantil suele definirse como todo trabajo que priva a los niños de
su niñez, su potencial y su dignidad, y que es perjudicial para su desarrollo
físico y psicológico”.
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