En
la sesión del 31 de octubre, el presidente de la Cámara de Diputados, Ricardo
Anaya Cortés (PAN), emitió la validez de la reforma constitucional que faculta
al Congreso de la Unión a legislar en materia de registro público inmobiliario
y catastros, tras ser avalada por la mayoría de las legislaturas estatales.
La
declaratoria se realiza luego de que la reforma fue avalada por los congresos
de Aguascalientes, Campeche, Chiapas, Coahuila, Durango, Guanajuato, Hidalgo,
México, Morelos, Nayarit, Puebla, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tamaulipas,
Yucatán y Zacatecas.
Anaya
Cortés dio cuenta del oficio que al respecto envió el Senado de la República y
turnó la reforma al Ejecutivo federal para su promulgación.
La
reforma adiciona una fracción XXIX-R al artículo 73 de la Constitución para
facultar al Congreso de la Unión a expedir una ley en materia de registro
público inmobiliario y catastros, lo que permitirá contar con valores
actualizados y uniformes.
Al
fundamentar esta reforma, el pasado 17 de julio, el presidente de la Comisión
de Puntos Constitucionales, Julio César Moreno Rivera (PRD), dijo que tiene el
propósito de otorgar seguridad jurídica a la propiedad y facilitar la
traslación de dominio de los inmuebles.
En
la actualidad, el catastro y la base gravable para la generación del impuesto
predial, se encuentran desactualizados, además de que los registros públicos no
están modernizados ni armonizados con los catastros.
Asimismo,
existe dispersión de leyes, acuerdos y dispositivos normativos en materia de
registro inmobiliario, lo que ha provocado políticas de gobierno encontradas o
dispares, dijo.
“Por
ello, es necesario contar con valores catastrales actualizados y uniformes con
los registros públicos, sin que ello implique cobrar más impuestos a la
población”, aseveró.
Moreno
Rivera agregó que con esta reforma en materia de registro público inmobiliario
y catastros, los estados y municipios tendrán una herramienta útil para diseñar
mejores políticas de desarrollo y ordenamiento urbano y de vivienda.
“Se
fortalecerán las haciendas locales por medio de la recaudación de impuestos
inmobiliarios, como los impuestos predial y de traslado de dominio, lo que
simboliza un paso adelante en el camino de la seguridad y la certidumbre
jurídica de la que actualmente carecen la mayoría de los organismos registrales
estatales”, concluyó.
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