30 de julio de 2014
La
diputada Raquel Jiménez Cerrillo: Gracias.
Con su permiso, señor presidente. Buenas tardes a toda la asamblea.
Como
ayer ya entraba la madrugada, comentó en esta tribuna la diputada y compañera
de mi bancada, la diputada Esther Quintana: “el presidente de México, Enrique
Peña Nieto, tiene una deuda muy importante con la nación, y es una deuda en el
tema de transparencia, de no corrupción y de rendición de cuentas”.
Hace
casi dos años se extinguió la Secretaría de la Función Pública y es hora que no
se establece ninguna secretaría que realice las funciones de ésta.
Y
hoy en la Ley de Petróleos Mexicanos, en la Ley de Pemex, se establece un
consejo de administración cuya composición y cuyas funciones y ya lo han
mencionado algunos diputados y diputadas que me han antecedido en el uso de la
voz, quedan fuera de la observancia de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas
de los Servidores Públicos y de cualquier otro ordenamiento aplicable.
Este
consejo está integrado por 10 personas. Dos de ellos secretarios de la nación:
el secretario de Hacienda y el secretario de Energía, como presidente del
consejo.
Tres
más integrantes también designados por el presidente de la república, y cinco
más designados a propuesta del presidente de la república y ratificados por el
Senado.
Pero
ninguno, ninguno de estos 10 integrantes del consejo, de acuerdo al artículo 30
de la Ley de Pemex, estarán sujetos a la Ley de Responsabilidades, y se los voy
a leer:
“Los
consejeros –y no hace ninguna distinción entre funcionarios, servidores ni
integrantes independientes, dice los consejeros–, con relación al ejercicio de
sus funciones como miembros del consejo de administración, serán responsables
exclusivamente en términos de lo dispuesto en esta ley, por lo que no serán
sujetos al régimen de responsabilidades establecido en la Ley Federal de
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos o en cualquier
otro ordenamiento o disposición aplicable en general a los servidores públicos
de carácter federal”.
Es
decir, este artículo 30 dispensa a los 10 integrantes del consejo incluyendo al
secretario de Energía y al secretario de Hacienda y Crédito Público, de
cualquier decisión que tomen al interior del consejo.
Y
las funciones que tienen no son nada fáciles ni tampoco tienen que ver con
cuestiones sencillas ni que no tengan que ver con dinero.
Prácticamente
de las 30 fracciones que contempla el artículo 13 donde establece las funciones
de los consejeros, tienen que ver con recursos económicos de esta nación y si
ellos manejan mal o toman una mala decisión, no tendrán ninguna
responsabilidad, de acuerdo a lo que establece el artículo 30.
Una
vez más se está protegiendo a los funcionarios públicos, en este caso y de
manera muy particular al secretario de hacienda y al secretario de energía,
como integrantes de este consejo.
La
propuesta es que se anule este artículo 30 y que se establezca que todos los
integrantes tendrán que regirse no bajo el régimen que establece la ley, sino
bajo el régimen de la Ley de Responsabilidades de los Funcionarios Públicos de
este país.
De
qué se trata, a quién quieren encubrir. Se ha mencionado ya aquí que esta
iniciativa tiene todavía algunas lagunas y el Partido Acción Nacional ha estado
señalando algunas. Presentaremos iniciativas que vengan a remediar esto, toda
vez que esas reservas no están siendo tomadas en cuenta.
Cuál
es la necesidad de proteger al multicitado; ¿queremos que quienes manejen
Pemex, filiales y subsidiarias no tengan responsabilidad alguna por las
decisiones que tomen? ¿Eso es lo que queremos? No. Por el contrario, queremos
que todas las decisiones que tomen estén respaldadas por la ley y que cualquier
decisión mal tomada y que genere el que los recursos de este país se vean una
vez más violentados y robados y se vayan a los bolsillos de gente ruin y que no
piensa en esta nación sean castigados por la ley.
Eso
es lo que queremos, ésa es la deuda que Peña Nieto tiene al haber desaparecido
la Secretaria de la Función Pública.
Es
cuanto, señor presidente.
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