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sábado, 7 de diciembre de 2013
Aprobamos, con cambios a la Minuta del Senado, la Reforma Política- Electoral. La devolvemos a los senadores para su ratificación.
Avalamos en lo general la minuta de la reforma político-electoral que envió el Senado y se discuten en lo particular 165 reservas
Palacio
Legislativo, 05-12-2013 (Notilegis).- La Cámara de Diputados aprobó, en lo
general, la minuta de la reforma político-electoral que el Senado de la
República turnó a San Lázaro, con 409 votos a favor, 69 en contra y tres
abstenciones.
De
inmediato se inició la discusión en lo particular de 165 reservas.
La
discusión de la minuta de la reforma político-electoral inició alrededor de las
14:00 horas, con la presentación de cuatro mociones suspensivas para frenar el
debate, a cargo del mismo número de legisladores.
Las
propuestas de los diputados Carol Antonio Altamirano (PRD), Luisa María Alcalde
Luján (MC), Manuel Huerta Ladrón de Guevara (PT) y Javier Orihuela García (PRD)
fueron rechazadas por la mayoría del Pleno.
Inmediatamente
después, los grupos parlamentarios fijaron su posición sobre el tema, a través
de Luis Antonio González Roldan (NA), Lilia Aguilar Gil (PT), Ricardo Monreal
Ávila (MC), Ruth Zavaleta Salgado (PVEM), Silvano Aureoles Conejo (PRD),
Fernando Rodríguez Doval (PAN) y Arnoldo Ochoa González (PRI).
Posteriormente,
hablaron a favor del dictamen los diputados Antonio Cuéllar Steffan (PVEM),
Fernando Belaunzarán Méndez (PRD), Consuelo Arguelles Loya (PAN), Carlos
Augusto Morales (PRD), José Alfredo Botello Montes (PAN) y José Luis Flores
Méndez (PRI).
En
contra se pronunciaron Marcos Rosendo Medina Filigrana (PRD), Lilia Aguilar Gil
(PT), Ricardo Mejía Berdeja (MC), Manuel Huerta Ladrón de Guevara (PT), Gerardo
Villanueva Albarrán (MC) y Lizbeth Eugenia Rosas Montero (PRD).
Aprobamos,
con cambios, en lo general y en lo particular, minuta de reformas
constitucionales en materia político-electoral y la regresamos al Senado
Palacio
Legislativo, 06-12-2013 (Notilegis).- La Cámara de Diputados aprobó con
cambios, en lo general y en lo particular, la minuta de reformas
constitucionales en materia político-electoral y la regresa al Senado, como
cámara de origen, tras 11 horas de debate.
La
discusión de estas reformas inició alrededor de las 14:00 horas de ayer jueves
y a las 17:55 se aprobó en lo general, por 409 votos a favor, 69 en contra y
tres abstenciones, pero hasta las 00:55 horas de este viernes se resolvió en lo
particular, por 401 votos a favor, 64 en contra y dos abstenciones.
Los
diputados presentaron unas 165 reservas que fueron desechadas de manera
gradual, pero se aceptaron nueve modificaciones que presentaron los
coordinadores parlamentarios del PRI, PAN, PRD, PVEM, PT y NA.
La
discusión de la minuta de la reforma político-electoral inició con la
presentación de cuatro mociones suspensivas para frenar el debate, a cargo del
mismo número de legisladores.
Las
propuestas de los diputados Carol Antonio Altamirano (PRD), Luisa María Alcalde
Luján (MC), Manuel Huerta Ladrón de Guevara (PT) y Javier Orihuela García (PRD)
fueron rechazadas por la mayoría del Pleno.
Inmediatamente
después, los grupos parlamentarios fijaron su posición sobre el tema, a través
de Luis Antonio González Roldan (NA), Lilia Aguilar Gil (PT), Ricardo Monreal
Ávila (MC), Ruth Zavaleta Salgado (PVEM), Silvano Aureoles Conejo (PRD),
Fernando Rodríguez Doval (PAN) y Arnoldo Ochoa González (PRI).
Tras
concluir esas participaciones, el presidente de la Cámara de Diputados, Ricardo
Anaya Cortés (PAN), pidió guardar un minuto de silencio por el ex presidente de
Sudáfrica, Nelson Mandela, quien falleció a los 95 años de edad tras permanecer
varios meses hospitalizado.
Asimismo,
presentó a consideración del Pleno una propuesta suscrita por los coordinadores
parlamentarios del PRI, PAN, PRD, PVEM, PT y NA (sólo quedó ausente MC) para
realizar unos nueve cambios al documento, lo que fue aprobado, con lo que
regresa al Senado para su revisión.
Posteriormente,
hablaron a favor del dictamen los diputados Antonio Cuéllar Steffan (PVEM),
Fernando Belaunzarán Méndez (PRD), Consuelo Arguelles Loya (PAN), Carlos
Augusto Morales (PRD), José Alfredo Botello Montes (PAN) y José Luis Flores
Méndez (PRI).
En
contra se pronunciaron Marcos Rosendo Medina Filigrana (PRD), Lilia Aguilar Gil
(PT), Ricardo Mejía Berdeja (MC), Manuel Huerta Ladrón de Guevara (PT), Gerardo
Villanueva Albarrán (MC) y Lizbeth Eugenia Rosas Montero (PRD).
Tras
esas participaciones, el Pleno consideró suficientemente discutido el tema y se
votó la minuta en lo general, misma que fue
avalada por 409 votos a favor, 69 en contra y tres abstenciones.
Luego
se inició la discusión en lo particular de las 165 reservas y la casi totalidad
se rechazaron de manera gradual.
Entre
los nueve cambios propuestos por los coordinadores del PRI, PAN, PRD, PVEM, PT
y NA y aprobados por el Pleno, figura en el artículo 26 constitucional, que sea
la Cámara de Diputados y no el Senado de la República, la institución encargada
de nombrar a los consejeros del Consejo Nacional de Evaluación de la Política
de Desarrollo Social (Coneval).
En
los artículos 41, 54 y 116 se agregó la palabra “valida”, al concepto de
votación emitida, en relación al 3.0 por ciento requerido como mínimo para que
los partidos conserven su registro. .
En
el artículo 76 se suprime en el texto como facultad del Senado la elección de
los consejeros del Coneval.
En
el artículo 78, referente a la asignación de nombramientos, se vuelve a
establecer como facultades de la Comisión Permanente, la ratificación de embajadores,
cónsules generales y empleados superiores de Hacienda.
En
el artículo décimo primero transitorio se señala que la reelección de diputados
y senadores se aplicará a los legisladores que sean electos en los comicios de
2018, mientras que la minuta del Senado planteaba que en el caso de los
diputados fuera aplicable para los que sean electos en 2015.
En
el artículo décimo segundo transitorio se elimina la referencia a la reforma
del artículo 78, al restablecer las facultades de la Comisión Permanente en la
ratificación de embajadores, cónsules generales y empleados superiores de
Hacienda.
En
ese mismo sentido, se elimina el artículo vigésimo primero transitorio, que se
refería al mismo tema.
Los
diputados también avalaron sustituir en el apartado D, fracción VI, inciso b,
del artículo 41 de la Constitución, la palabra “adquiera” por “compre”, en lo
que se refiere a las causas de nulidad de elecciones federales o locales por la
compra de cobertura informativa o tiempos de radio y televisión, fuera de los
supuestos previstos en la ley.
Asimismo,
se aprobó una reserva del diputado Jorge Sotomayor Chávez (PAN) al artículo
décimo transitorio, a fin de incluir a los asambleístas del Distrito Federal
como sujetos de reelección en las constitucionales locales, al igual que ya
está establecido para los diputados estatales.
Los
legisladores también aprobaron una reserva del diputado Luis Armando Córdova
Díaz (PRI) para agregar al dictamen el siguiente artículo transitorio:
“Los
consejeros del Instituto Federal Electoral que a la entrada en vigor del
presente decreto se encuentren en funciones, continuarán en su encargo hasta
que se integre el Instituto Nacional Electoral, en términos de lo previsto por
el quinto transitorio del presente decreto, por lo que los actos jurídicos
emitidos válidamente por el Instituto Federal Electoral, en los términos de la
legislación vigente, surtirán todos sus efectos legales”.
También
si están en contra de la reelección como una posibilidad de los ciudadanos para
sancionar a los servidores públicos; de que los gobernadores saquen las manos
de los procesos electorales; y de que se ciudadanice a los institutos
estatales, entre otros.
viernes, 6 de diciembre de 2013
miércoles, 4 de diciembre de 2013
El terrorismo busca esclavizar a la población y al Estado a base de miedo. Los diputados aprobamos reformas para combatirlo.
·
Aumento de sanciones y multas incluso
a los que tengan intención de cometerlo
·
Se incluye en este delito el uso de sustancias
tóxicas, armas químicas y material nuclear
·
Seguir el dinero del narcotráfico y del
terrorismo, punto positivo
·
Objeciones a que las manifestaciones públicas
caigan en este supuesto
Fueron modificados los Códigos Penal Federal, Federal de Procedimientos Penales y Fiscal de la Federación, así como las leyes Federal contra Delincuencia Organizada y de Extinción de Dominio y reglamentaria del artículo 22 constitucional. Pasó el Senado para sus efectos constitucionales.
El artículo 139 del Código Penal Federal establece una pena de prisión de 15 a 40 años y de 400 a mil 200 días de multa a quienes incurran en el delito de terrorismo.
Es decir, a quien utilice sustancias tóxicas, armas químicas, biológicas o similares, material y mineral radioactivos, material y combustible nucleares, fuentes de radiación o instrumentos que emitan radiaciones, o emplee explosivos, armas de fuego, o provoque daños por incendio, inundación o por cualquier otro medio violento, intencionalmente, o realice actos en contra de bienes o servicios, ya sea públicos o privados.
Es terrorista quien atente contra la integridad física, emocional o la vida de personas; el que produzca alarma, temor o terror en la población para atentar contra la seguridad nacional o presionar a la autoridad o a un particular, para obligarlos a que tomen una determinación.
Sanciona a quien acuerde o prepare un acto terrorista que se pretenda cometer, se esté cometiendo o se haya cometido en territorio nacional. Las sanciones referidas se aumentarán en una mitad, cuando el delito sea cometido en contra de un bien inmueble de acceso público; se genere un daño o perjuicio a la economía nacional o que en la comisión del delito se detenga en calidad de rehén a una persona.
Se avaló adicionar un último párrafo al artículo 139 para “disponer una excluyente, al determinar que no se considerará como un acto terrorista a las manifestaciones realizadas por grupos sociales en ejercicio de los derechos humanos, sociales o de cualquier otro ejercicio derivado de un derecho constitucional, que no atenten contra bienes jurídicos de personas o que tengan la finalidad de presionar a la autoridad para que tome una determinación en cierto sentido sobre alguna demanda”.
El Pleno aprobó también la creación del artículo 139 Quáter, a efecto de sancionar las conductas de financiamiento de dicha actividad criminal, para el sujeto activo que de manera directa o indirecta aporte o recaude fondos económicos o recursos de cualquier naturaleza para financiar o apoyar actividades de individuos y organizaciones terroristas, o para ser utilizados o pretendan ser usados, directa o indirectamente, total o parcialmente, para la comisión en territorio nacional o en el extranjero.
Al fundamentar el dictamen, el diputado Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez (PRI), presidente de la Comisión de Justicia, destacó como temas importantes para atacar con amplitud y efectividad el terrorismo, la tipificación más precisa de delito, así como de su financiamiento; una precisión en el tipo de lavado de dinero y algunas de sus consecuentes.
Refirió que el artículo 139 del Código Penal Federal especifica actividades como la utilización de una serie de sustancias tóxicas y armas químicas de manera intencional.
Pacheco Rodríguez señaló que se consideran actos de terrorismo cuando son en contra de bienes y servicios públicos y privados, o de la integridad física emocional o la vida de personas. “Y todo esto tendría que darse en una circunstancia de producción de alarma, temor o terror en la población”, explicó.
Dijo que estas adecuaciones al marco jurídico de México previenen algunos delitos que en el orden internacional atentan en contra de diferentes naciones.
Fortalecer estado de derecho
El diputado de Nueva Alianza, Fernando Bribiesca Sahagún, destacó la importancia de tener una legislación antiterrorista acorde a la realidad tecnológica y política actual, y sea a través de la prevención, el uso de la inteligencia financiera y de seguridad como se fortalezca la lucha en contra de los que buscan generar terror y destrucción, para amedrentar a la sociedad y a su gobierno.
Sostuvo que esta propuesta del Ejecutivo federal fortalece el Estado de derecho para combatir de manera enérgica acciones que tengan la intención de desestabilizar al gobierno y a la sociedad, mediante actos terroristas, así como acciones para financiar, encubrir o facilitar acciones de cobardía.
Bribiesca Sahagún, a nombre de su grupo parlamentario, manifestó su apoyo a las reformas para dar al Estado los mecanismos legales para proteger y reducir las acciones de estos grupos que tanto en el extranjero como dentro del país “intentan esclavizar a base de miedo y el terror a la población civil y reducir el poder legítimo del Estado”.
Al fijar la postura del PT, la diputada Lilia Aguilar Gil señaló el riesgo de que se considere terrorismo a las manifestaciones públicas, ya que quedará a la libre interpretación de un Ministerio Público, la evaluación emocional. Advirtió que se criminaliza a los ciudadanos mexicanos.
Reconoció que algo bueno del dictamen es “seguir el dinero del narcotráfico, algo que se debió hace tiempo”. No obstante, indicó que la modificación al artículo 139 del Código Penal Federal “es completamente abierto a un sistema autoritario y deja también abierto a que cualquier manifestación pueda ser detenida en el supuesto y al gusto del Ministerio Público”.
“Los actos de manifestación social no pueden ser actos de terrorismo y no pueden ser considerados así por el Estado mexicano” sostuvo al adelantar el voto en contra de su grupo parlamentario.
La diputada de Movimiento Ciudadano, Zuleyma Huidrobo González, indicó que incluir como actos de terrorismo a los que se pretenden cometer, es una puerta abierta para encarcelamientos selectivos y juicios sin elementos firmes, cuando no hay plena presunción de inocencia ni debido proceso, por lo que anunció el voto en contra de su fracción parlamentaria.
Sostuvo que “el nuevo tipo penal de financiamiento al terrorismo sería inútil para prevenirlo si no se considera la tipificación de lavado de dinero por la delincuencia organizada; no han aumentado las sanciones sobre este delito”.
Dijo que la violencia no puede combatirse con más violencia. “Lo que realmente necesitamos son políticas sociales que ayuden a mejorar la calidad de vida de todos los mexicanos. Políticas educativas y empleos bien remunerados lograrán que jóvenes y adultos se mantengan apartados de este tipo de prácticas”, destacó.
Por el PVEM, el diputado Antonio Cuéllar Steffan calificó esta reforma como pertinente, pues se mantiene la subsistencia plena y vigente de la defensa de los derechos humanos. Además, en la investigación del delito de terrorismo no se cede ante la tentación de disminuir los derechos fundamentales de nuestra sociedad, dijo.
”Se cumplen dos objetivos y obligaciones del Estado mexicano: la inclusión de los elementos condicionantes de la actuación gobernativa y de juzgamiento de las personas inculpadas por estos delitos, se conservan vigentes, y los postulados constitucionales que persiguen la consolidación de un auténtico Estado de derecho en el que se proteja la libertad y la privacidad de los mexicanos”, señaló.
Por el PRD, la diputada Margarita Elena Tapia Fonllem destacó la importancia de que queden plenamente garantizados los derechos de los ciudadanos, en atención a las obligaciones internacionales de México. Llamó al Estado a cumplir cabalmente con sus obligaciones en derechos humanos, señalados en los órganos de las Naciones Unidas y del Sistema Interamericano en la materia.
Señaló que se incluyen nuevas figuras como el “testaferrato”, es decir, los actos contra una persona internacionalmente protegida o contra las instalaciones diplomáticas o de organismos internacionales, que permiten proteger adecuadamente la paz y la seguridad en un marco global coherente.
Será responsabilidad de los jueces y autoridades de procuración de justicia, ponderar los máximos estándares de protección a los derechos humanos en la eventual aplicación de estas nuevas disposiciones, agregó.
Indicó que es obligatorio valerse, sistemáticamente de los artículos 12, 52 y 63 del Código Penal Federal, para que en aquellos actos en grado de tentativa, no se les impute la sanción máxima.
Al fijar la postura del PAN, la diputada Esther Quintana Salinas afirmó que el espíritu de este dictamen “cumplimenta uno de los objetivos torales del orden jurídico: adelantarse a circunstancias que en un momento determinado pueden agravar la comisión de situaciones como las que provoca el terrorismo”.
Dijo que se fortalece la lucha del Estado mexicano contra este tipo de ilícitos; además, indicó, no se debe olvidar que México tiene firmados acuerdos internacionales que lo obligan a incluirlos en su legislación.
Aseguró que los derechos constitucionales se salvaguardan. “Somos muy libres de expresarnos, de manifestarnos, pero siempre y cuando no dañemos derechos de terceros”, sostuvo al anunciar el voto a favor por parte de su grupo parlamentario.
Por la bancada del PRI, el diputado José Alberto Rodríguez Calderón apoyó el dictamen, porque constituye un avance importante en la lucha contra la criminalidad, con herramientas viables para combatir a los grupos terroristas. Reconoció el debate serio, responsable y plural entre los grupos parlamentarios.
Dijo no coincidir con las posturas que, bajo la falsa premisa de la criminalización de la protesta social, invitan en realidad a la inmovilidad, al pasmo, a la falta de acción. “Se habla de la necesidad de reducir el uso de la fuerza, y ahora que en consecuencia se actúa, muestran desacuerdo. Acusan al gobierno de no atacar a las organizaciones delictivas en su patrimonio y justo en el momento cuando se proponen las alternativas en ese sentido, invocan al falso fantasma de la represión”, aseveró.
Rodríguez Calderón señaló que se deben aplicar programas sociales para sacar a los jóvenes de la delincuencia.
En contra del dictamen se manifestó el diputado de Movimiento Ciudadano, Ricardo Mejía Berdeja. Advirtió un mensaje de represión, de criminalización y de hostigamiento a las movilizaciones sociales.
También la diputada del PT, Loretta Ortiz Ahlf criticó la pena hasta por 40 años de prisión a quienes cometan terrorismo y la evaluación subjetiva que puedan hacer jueces y Ministerios Públicos de este delito. Subrayó que no se define qué es una organización terrorista.
Asimismo, la diputada del PRD, Alliet Mariana Bautista Bravo expresó preocupación por la redacción del artículo 139 referente al respeto a los derechos humanos, pues criminaliza la protesta social. “En la Convención de Naciones Unidas hay un convenio de protección de los derechos humanos que precisamente habla de las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo”, recordó.
La única reserva se presentó al artículo 139 del Código Penal Federal por la diputada del PRD, Margarita Elena Tapia Fonllem, misma que fue desechada por el Pleno.
Comparto para su consulta el dictamen de la Comisión de Justicia.
martes, 3 de diciembre de 2013
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014
Amigos y amigas:
Les comparto el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014 que se aprobó en la Cámara de Diputados y que hoy aparece publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF)
Les comparto el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014 que se aprobó en la Cámara de Diputados y que hoy aparece publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF)
PEF2014 anexo from UNAM
lunes, 2 de diciembre de 2013
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