La
reforma financiera aprobada el pasado 10 de septiembre en la Cámara de
Diputados busca establecer mayor flexibilidad e incentivos para que el sector
privado y la Banca de Desarrollo, de forma conjunta, otorguen más créditos y
que éstos se den en mejores condiciones.
De
acuerdo a las consideraciones plasmadas en el dictamen que avalaron los
legisladores, las modificaciones que se realizaron al proyecto original,
presentado por el Ejecutivo federal, son derivadas de errores mecanográficos,
ortográficos o de técnica legislativa, que no implican una modificación al
sentido de la reforma.
Se
subraya que se pretende fortalecer la protección de los usuarios de servicios
financieros, la promoción de una bancarización y la inclusión financiera, como
parte de la estrategia para promover el desarrollo de México.
Se
establece dotar a las autoridades protectoras de los intereses de los usuarios
de nuevas herramientas que les permitan asesorar y protegerlos al lograr un
equilibrio entre las relaciones de las entidades con los usuarios.
Se
faculta a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de
Servicios Financieros (Condusef) para emitir recomendaciones a las
instituciones financieras y hacerlas del conocimiento de sus organismos, así
como del público en general, a fin de mejorar los servicios financieros que
prestan, lo que redundará en beneficio de los usuarios.
La
reforma faculta también a la Condusef para que defina las actividades que se
apartan de las sanas prácticas y usos relativos al ofrecimiento y
comercialización de operaciones y servicios financieros, así como para que
establezca los casos y supuestos bajo los cuales se considere que existen
cláusulas abusivas.
Las
instituciones financieras tendrán la obligación de contar con encargados
regionales de sus unidades especializadas en cada entidad federativa en donde
tengan oficinas o sucursales, a fin de facilitar la presentación de consultas o
reclamaciones sin que represente un gasto extra al tener que trasladarse a la
oficina que cuente con este tipo de encargados.
Se
crea el Sistema Arbitral en Materia Financiera, como un nuevo procedimiento de
solución de controversias para garantizar la imparcialidad, celeridad,
transparencia, eficacia y eficiencia.
Se
crea un Buró de Entidades Financieras por parte de la Condusef, el cual
contendrá información relativa a las prácticas de cada una de las instituciones
financieras, sus sanciones administrativas, sus reclamaciones y demás
información que se considere relevante para informar a los usuarios de su
desempeño en la prestación de servicios.
Las
instituciones financieras tendrán la obligación de divulgar la información
correspondiente que se encuentre en el Buró de Entidades Financieras, lo que
facilitará que los usuarios conozcan su comportamiento y con base en ello tomen
sus decisiones de inversión.
Se
incluye la prohibición para que las entidades financieras condicionen la
contratación de operaciones o servicios financieros a la contratación de otra
operación o servicio (ventas atadas), toda vez que con esta medida será el
propio cliente el que tome la decisión de contratar con la entidad financiera
que le ofrezca mejores condiciones, lo que fomentará la competencia entre
ellas.
Los
clientes podrán trasferir sus créditos al consumo a otra entidad financiera, o
sus operaciones bancarias a otro banco.
Se
fortalecen las facultades de la Condusef al contemplar el establecimiento de
convenios de intercambio de información entre las instituciones financieras y
las autoridades que sean competentes en materia financiera.
La
Comisión Federal de Competencia Económica llevará a cabo una investigación
sobre las condiciones de competencia del sistema financiero, y en su caso,
emitirá recomendaciones a las autoridades financieras.
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