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Aumento de sanciones y multas incluso
a los que tengan intención de cometerlo
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Se incluye en este delito el uso de sustancias
tóxicas, armas químicas y material nuclear
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Seguir el dinero del narcotráfico y del
terrorismo, punto positivo
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Objeciones a que las manifestaciones públicas
caigan en este supuesto
Fueron modificados los Códigos Penal Federal, Federal de Procedimientos Penales y Fiscal de la Federación, así como las leyes Federal contra Delincuencia Organizada y de Extinción de Dominio y reglamentaria del artículo 22 constitucional. Pasó el Senado para sus efectos constitucionales.
El artículo 139 del Código Penal Federal establece una pena de prisión de 15 a 40 años y de 400 a mil 200 días de multa a quienes incurran en el delito de terrorismo.
Es decir, a quien utilice sustancias tóxicas, armas químicas, biológicas o similares, material y mineral radioactivos, material y combustible nucleares, fuentes de radiación o instrumentos que emitan radiaciones, o emplee explosivos, armas de fuego, o provoque daños por incendio, inundación o por cualquier otro medio violento, intencionalmente, o realice actos en contra de bienes o servicios, ya sea públicos o privados.
Es terrorista quien atente contra la integridad física, emocional o la vida de personas; el que produzca alarma, temor o terror en la población para atentar contra la seguridad nacional o presionar a la autoridad o a un particular, para obligarlos a que tomen una determinación.
Sanciona a quien acuerde o prepare un acto terrorista que se pretenda cometer, se esté cometiendo o se haya cometido en territorio nacional. Las sanciones referidas se aumentarán en una mitad, cuando el delito sea cometido en contra de un bien inmueble de acceso público; se genere un daño o perjuicio a la economía nacional o que en la comisión del delito se detenga en calidad de rehén a una persona.
Se avaló adicionar un último párrafo al artículo 139 para “disponer una excluyente, al determinar que no se considerará como un acto terrorista a las manifestaciones realizadas por grupos sociales en ejercicio de los derechos humanos, sociales o de cualquier otro ejercicio derivado de un derecho constitucional, que no atenten contra bienes jurídicos de personas o que tengan la finalidad de presionar a la autoridad para que tome una determinación en cierto sentido sobre alguna demanda”.
El Pleno aprobó también la creación del artículo 139 Quáter, a efecto de sancionar las conductas de financiamiento de dicha actividad criminal, para el sujeto activo que de manera directa o indirecta aporte o recaude fondos económicos o recursos de cualquier naturaleza para financiar o apoyar actividades de individuos y organizaciones terroristas, o para ser utilizados o pretendan ser usados, directa o indirectamente, total o parcialmente, para la comisión en territorio nacional o en el extranjero.
Al fundamentar el dictamen, el diputado Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez (PRI), presidente de la Comisión de Justicia, destacó como temas importantes para atacar con amplitud y efectividad el terrorismo, la tipificación más precisa de delito, así como de su financiamiento; una precisión en el tipo de lavado de dinero y algunas de sus consecuentes.
Refirió que el artículo 139 del Código Penal Federal especifica actividades como la utilización de una serie de sustancias tóxicas y armas químicas de manera intencional.
Pacheco Rodríguez señaló que se consideran actos de terrorismo cuando son en contra de bienes y servicios públicos y privados, o de la integridad física emocional o la vida de personas. “Y todo esto tendría que darse en una circunstancia de producción de alarma, temor o terror en la población”, explicó.
Dijo que estas adecuaciones al marco jurídico de México previenen algunos delitos que en el orden internacional atentan en contra de diferentes naciones.
Fortalecer estado de derecho
El diputado de Nueva Alianza, Fernando Bribiesca Sahagún, destacó la importancia de tener una legislación antiterrorista acorde a la realidad tecnológica y política actual, y sea a través de la prevención, el uso de la inteligencia financiera y de seguridad como se fortalezca la lucha en contra de los que buscan generar terror y destrucción, para amedrentar a la sociedad y a su gobierno.
Sostuvo que esta propuesta del Ejecutivo federal fortalece el Estado de derecho para combatir de manera enérgica acciones que tengan la intención de desestabilizar al gobierno y a la sociedad, mediante actos terroristas, así como acciones para financiar, encubrir o facilitar acciones de cobardía.
Bribiesca Sahagún, a nombre de su grupo parlamentario, manifestó su apoyo a las reformas para dar al Estado los mecanismos legales para proteger y reducir las acciones de estos grupos que tanto en el extranjero como dentro del país “intentan esclavizar a base de miedo y el terror a la población civil y reducir el poder legítimo del Estado”.
Al fijar la postura del PT, la diputada Lilia Aguilar Gil señaló el riesgo de que se considere terrorismo a las manifestaciones públicas, ya que quedará a la libre interpretación de un Ministerio Público, la evaluación emocional. Advirtió que se criminaliza a los ciudadanos mexicanos.
Reconoció que algo bueno del dictamen es “seguir el dinero del narcotráfico, algo que se debió hace tiempo”. No obstante, indicó que la modificación al artículo 139 del Código Penal Federal “es completamente abierto a un sistema autoritario y deja también abierto a que cualquier manifestación pueda ser detenida en el supuesto y al gusto del Ministerio Público”.
“Los actos de manifestación social no pueden ser actos de terrorismo y no pueden ser considerados así por el Estado mexicano” sostuvo al adelantar el voto en contra de su grupo parlamentario.
La diputada de Movimiento Ciudadano, Zuleyma Huidrobo González, indicó que incluir como actos de terrorismo a los que se pretenden cometer, es una puerta abierta para encarcelamientos selectivos y juicios sin elementos firmes, cuando no hay plena presunción de inocencia ni debido proceso, por lo que anunció el voto en contra de su fracción parlamentaria.
Sostuvo que “el nuevo tipo penal de financiamiento al terrorismo sería inútil para prevenirlo si no se considera la tipificación de lavado de dinero por la delincuencia organizada; no han aumentado las sanciones sobre este delito”.
Dijo que la violencia no puede combatirse con más violencia. “Lo que realmente necesitamos son políticas sociales que ayuden a mejorar la calidad de vida de todos los mexicanos. Políticas educativas y empleos bien remunerados lograrán que jóvenes y adultos se mantengan apartados de este tipo de prácticas”, destacó.
Por el PVEM, el diputado Antonio Cuéllar Steffan calificó esta reforma como pertinente, pues se mantiene la subsistencia plena y vigente de la defensa de los derechos humanos. Además, en la investigación del delito de terrorismo no se cede ante la tentación de disminuir los derechos fundamentales de nuestra sociedad, dijo.
”Se cumplen dos objetivos y obligaciones del Estado mexicano: la inclusión de los elementos condicionantes de la actuación gobernativa y de juzgamiento de las personas inculpadas por estos delitos, se conservan vigentes, y los postulados constitucionales que persiguen la consolidación de un auténtico Estado de derecho en el que se proteja la libertad y la privacidad de los mexicanos”, señaló.
Por el PRD, la diputada Margarita Elena Tapia Fonllem destacó la importancia de que queden plenamente garantizados los derechos de los ciudadanos, en atención a las obligaciones internacionales de México. Llamó al Estado a cumplir cabalmente con sus obligaciones en derechos humanos, señalados en los órganos de las Naciones Unidas y del Sistema Interamericano en la materia.
Señaló que se incluyen nuevas figuras como el “testaferrato”, es decir, los actos contra una persona internacionalmente protegida o contra las instalaciones diplomáticas o de organismos internacionales, que permiten proteger adecuadamente la paz y la seguridad en un marco global coherente.
Será responsabilidad de los jueces y autoridades de procuración de justicia, ponderar los máximos estándares de protección a los derechos humanos en la eventual aplicación de estas nuevas disposiciones, agregó.
Indicó que es obligatorio valerse, sistemáticamente de los artículos 12, 52 y 63 del Código Penal Federal, para que en aquellos actos en grado de tentativa, no se les impute la sanción máxima.
Al fijar la postura del PAN, la diputada Esther Quintana Salinas afirmó que el espíritu de este dictamen “cumplimenta uno de los objetivos torales del orden jurídico: adelantarse a circunstancias que en un momento determinado pueden agravar la comisión de situaciones como las que provoca el terrorismo”.
Dijo que se fortalece la lucha del Estado mexicano contra este tipo de ilícitos; además, indicó, no se debe olvidar que México tiene firmados acuerdos internacionales que lo obligan a incluirlos en su legislación.
Aseguró que los derechos constitucionales se salvaguardan. “Somos muy libres de expresarnos, de manifestarnos, pero siempre y cuando no dañemos derechos de terceros”, sostuvo al anunciar el voto a favor por parte de su grupo parlamentario.
Por la bancada del PRI, el diputado José Alberto Rodríguez Calderón apoyó el dictamen, porque constituye un avance importante en la lucha contra la criminalidad, con herramientas viables para combatir a los grupos terroristas. Reconoció el debate serio, responsable y plural entre los grupos parlamentarios.
Dijo no coincidir con las posturas que, bajo la falsa premisa de la criminalización de la protesta social, invitan en realidad a la inmovilidad, al pasmo, a la falta de acción. “Se habla de la necesidad de reducir el uso de la fuerza, y ahora que en consecuencia se actúa, muestran desacuerdo. Acusan al gobierno de no atacar a las organizaciones delictivas en su patrimonio y justo en el momento cuando se proponen las alternativas en ese sentido, invocan al falso fantasma de la represión”, aseveró.
Rodríguez Calderón señaló que se deben aplicar programas sociales para sacar a los jóvenes de la delincuencia.
En contra del dictamen se manifestó el diputado de Movimiento Ciudadano, Ricardo Mejía Berdeja. Advirtió un mensaje de represión, de criminalización y de hostigamiento a las movilizaciones sociales.
También la diputada del PT, Loretta Ortiz Ahlf criticó la pena hasta por 40 años de prisión a quienes cometan terrorismo y la evaluación subjetiva que puedan hacer jueces y Ministerios Públicos de este delito. Subrayó que no se define qué es una organización terrorista.
Asimismo, la diputada del PRD, Alliet Mariana Bautista Bravo expresó preocupación por la redacción del artículo 139 referente al respeto a los derechos humanos, pues criminaliza la protesta social. “En la Convención de Naciones Unidas hay un convenio de protección de los derechos humanos que precisamente habla de las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo”, recordó.
La única reserva se presentó al artículo 139 del Código Penal Federal por la diputada del PRD, Margarita Elena Tapia Fonllem, misma que fue desechada por el Pleno.
Comparto para su consulta el dictamen de la Comisión de Justicia.
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