Hace apenas
una semana les hablaba sobre la Iniciativa Preferente del Presidente Peña
Nieto, la Ley General para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, me han
de disculpar que hoy retome este tema, y es que no es cosa menor tratándose de
este sector tan importante para cualquier sociedad.
La iniciativa del Ejecutivo fue
modificada por el Senado de la República en un 80% de su contenido, ya que
planteaba una visión asistencialista mas que una perspectiva de respeto a los
derechos humanos.
Si bien la minuta establece aspectos
positivos, no obstante, algunos de sus contenidos han provocado gran inquietud
entre amplios sectores de la sociedad: numerosos padres de familia, expertos en
derecho y en temas de niñez y adolescencia, así como varias asociaciones
civiles e incluso empresariales manifiestan inquietudes que compartimos como
ciudadanos y como legisladores.
Consideramos que estamos ante la
oportunidad de hacer mejoras a esta iniciativa por ello en la Cámara de Diputados
el Grupo Parlamentario del PAN estamos realizando un análisis, serio y
minucioso del documento, tenemos propuestas de modificación que consideramos
necesarios, a fin de asegurar la protección integral de niños, niñas y
adolescentes y el fortalecimiento de la familia.
Al tratar de niñas, niños y
adolescentes esta ley es casi sagrada, venerable, como lo son nuestros hijos e
hijas, por ello es preocupante que esta Ley presente excesos y errores básicos
de comprensión acerca del papel de los padres y tutores en cuanto a sus
derechos y obligaciones.
En general, la ley carece de una
perspectiva de familia. Concede al Estado la facultad de otorgar y reconocer
ciertos derechos, pero sin enmarcarlo en una visión en la que el menor se
desarrolla en el seno de una comunidad familiar.
Al hablar del derecho a educación de
niñas, niños y adolescentes no hace referencia a valores éticos y cívicos
ademas de que desconoce por completo el derecho y deber de los padres de
familia de participar en la misma, lo cual resulta una contradicción toda vez
que dicha participación ya fue reconocida en el artículo tercero
constitucional.
Por otro lado incorpora el concepto
“Derechos sexuales y reproductivos”, que no se encuentra en nuestra
Constitución ni en los tratados internacionales que vinculan al Estado
Mexicano, y que al carecer de una definición sobre su contiendo y alcance,
puede dar lugar a interpretaciones arbitrarias.
Notamos también que no se da una clara
diferenciación sobre el ejercicio de estos derechos en relación con la edad. No
es lo mismo el grado de madurez de un niño de 7 o de 11 años, que el de un
adolescente de 17.
Resulta delicado que se haga a un lado
la orientación que los padres o tutores deben brindar en vista al interés
superior del menor. Si la legislación civil prevé que un menor no puede
realizar actos jurídicos por sí solo, es altamente riesgoso que en este
proyecto de Ley se pretenda que niños, niñas y adolescentes puedan tomar
decisiones sin la orientación de sus padres o tutores en algo tan delicado como
es la sexualidad, con implicaciones físicas, psicológicas, espirituales,
económicas y sociales en el presente y en el futuro.
Al hablar de derechos sexuales y
reproductivos de los niños, abre la puerta a la pederastia y la trata de
personas. Y es que si se le reconoce a un niño el derecho a gozar de su
sexualidad, nada impide, entonces, que este pueda decidir tener relaciones
sexuales con algún adulto que, bajo engaños o chantajes emocionales, lo someta
a explotación.
En Acción Nacional proponemos dar una
eficaz protección y difusión de los derechos de las niñas, niños y
adolescentes, de conformidad con la Constitución y los tratados internacionales
ratificados por México en esta materia, nos parece muy importante considerar la
participación de los padres o tutores, quienes deben preservar y exigir el
cumplimiento de los derechos de los niños para su desarrollo integral de
acuerdo con el artículo 4º de la Constitución.
Los legisladores y legisladoras
tenemos una alta responsabilidad en nuestro voto, de nada sirve aprobar una ley
con muchos beneficios si, pero que deja desprotegidos a los menores en lo mas
importante su sano desarrollo y su integridad, y arrebata autoridad a quienes
ejercen la patria potestad minimizándolos a un papel de proveedores y no de
formadores.
Esperamos contar con la sensibilidad y
voluntad del PRI y de otras fuerzas políticas para dar una vuelta de timón que
devuelva el rumbo a esta ley.
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