Amigos:
Siguiendo
con mi labor de informarles sobre mi trabajo legislativo en el periodo
ordinario pasado, les quiero comentar que el 14 de marzo, los diputados aprobamos,
con 431 votos a favor, un dictamen que reforma la Ley General de Derechos
Lingüisticos de los Pueblos Indígenas, para contribuir a que el acceso a la
justicia sea real y efectivo para todas estas personas.
El
dictamen reforma la fracción XI del artículo 13 de esa ley, para establecer la
obligación del Estado, en sus distintos órdenes de gobierno, de “apoyar la
formación y acreditación profesional de defensores públicos, intérpretes y
traductores en lenguas indígenas nacionales y español”.
La
iniciativa, presentada el 30 de abril del 2012 por el diputado de la pasada
legislatura, Edgar Chaire Chavero (PAN), señala que México es un país con una
vasta población indígena, con unos 62 grupos etnolingüísticos que representan
más de la décima parte de la población mexicana.
De
acuerdo con el censo poblacional 2010 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(Inegi), 15.7 millones de personas se consideran indígenas y seis millones 913
mil 362 de tres años y más hablan lengua indígena, principalmente maya,
náhuatl, zapoteco y mixteco.
Las
entidades con mayor población indígena, según el tipo de hogar de pertenencia,
son Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Yucatán, estado de México, Puebla e
Hidalgo.
Esta
diversidad cultural y lingüística está reconocida en el artículo 2 de la
Constitución Política, donde también se señala su derecho a preservar y enriquecer
sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyan su cultura e
identidad.
Asimismo,
plantea que para acceder plenamente a la jurisdicción del Estado, en los
juicios y procedimientos en que sean parte, individual o colectivamente, se deberán
tomar en cuenta sus costumbres y especificidades culturales, además de ser
asistidos por intérpretes y defensores con conocimiento de su lengua y cultura.
Sin
embargo, los indígenas siguen siendo discriminados al momento de acceder a la
jurisdicción del Estado, porque los juicios en que se ven involucrados están
con frecuencia plagados de irregularidades por la falta de intérpretes y
defensores capacitados, así como porque ministerio público y jueces ignoran sus
costumbres jurídicas.
En
el documento se recuerda que en febrero del 2012, el Comité de Naciones Unidas
contra la Discriminación Racial presentó al gobierno de México recomendaciones
en la materia.
Ese
organismo planteó “proseguir con su tarea para garantizar el acceso pleno de
las personas indígenas a defensores públicos y funcionarios de justicia
bilingües en los procedimientos judiciales, así como a garantizar el acceso a
servicios de interpretación culturalmente apropiados durante todo el proceso
judicial”.
El
dictamen fue turnado al Senado de la República.
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